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El
Abogado Hernán Quezada detalla los argumentos que presentaron
en el alegato ante el máximo tribunal.
Por Cristina Silva (para Memoria y Justicia)
Abril
de 2005
Han
pasado poco más de 30 años desde que el General
Carlos Prats fue asesinado junto a su esposa en el barrio
Palermo de Buenos Aires, Argentina. El 30 de septiembre de
1974, una bomba instalada por el ex colaborador de la DINA,
Michael Townley, bajo el automóvil del matrimonio,
terminó con la vida del General que provocaba más
preocupación y amenaza para la estabilidad de la dictadura
de Augusto Pinochet.
El
mismo día de ocurrido el horrendo crimen, se abrió
una investigación judicial en Argentina que hasta el
día de hoy es investigado por la jueza María
Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal N 1.
La magistrado ha podido comprobar la participación
de varios agentes de la disuelta DINA y junto a ellos, Augusto
Pinochet Ugarte, quien fue acusado de homicidio calificado
y sindicado como autor intelectual de la asociación
ilícita constituida para este fin.
En
diciembre de 2001, la jueza María Servini solicitó a la justicia
chilena el desafuero de Pinochet con el fin de tomarle declaración
indagatoria en el país trasandino, pero en octubre de 2002,
los tribunales chilenos rechazaron la petición. Sin embargo,
el 2 de diciembre de 2002 y después de 22 años de ocurrido
el asesinato del matrimonio Prats - Cutberth, la misma Corte
ordenó abrir proceso en Chile contra los inculpados que conformaban
la cúpula de la DINA.
El
8 de octubre de 2004, el juez Alejandro Solís acogió la solicitud
de las hijas de la malograda pareja para desaforar al ex dictador
por las fundadas sospechas sobre su participación en calidad
de autor intelectual en el asesinato de sus padres.
El
5 de enero de 2005, el tribunal de alzada aprobó el desafuero
de Pinochet - por 14 votos contra 9 - al estimar que existían
fundadas sospechas de su participación en el asesinato. Con
este fallo en primera instancia, sólo faltaba la confirmación
por parte de la máxima instancia judicial, para que el Juez
Solís pudiera investigar la participación de Pinochet en el
caso Prats.
El
16 de marzo de 2005, se presentaron los alegatos ante la Corte
Suprema. En la audiencia intervinieron a favor del desafuero
del ex militar, el abogado Hernán Quezada, representante de
la familia Prats, y la profesional Irma Soto, por el Consejo
de Defensa del Estado (CDE). En tanto, Pinochet fue defendido
por Pablo Rodríguez Grez.
El
martes 22 de marzo, en el Palacio de Tribunales, la Rama Chilena
de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), en conjunto
con los abogados de Derechos Humanos, realizaron una conferencia
de prensa, para divulgar y recordar a los magistrados el reconocimiento
que hizo el CDE, de "la plena salud mental que posee Augusto
Pinochet" para enfrentar a la justicia por su responsabilidad
en el doble homicidio de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
El
comunicado, que fue leído en la escalera principal
de los Tribunales por los abogados Fabiola Letelier, Julia
Urquieta y Juan Subercaseaux, señala que el CDE, representado
por la abogada Soto, pidió el 16 de marzo pasado al
Pleno de la Corte Suprema, el desafuero de Pinochet y que,
de la misma forma, tuviera presente los testimonios y declaraciones
que se detallan en el cuaderno reservado N2 del Juez Sergio
Muñoz, que lleva el Caso Riggs en donde se entregan
una serie de aspectos de la vida cotidiana de Pinochet que
demostrarían la normalidad de su salud mental.
En
estos testimonios, correspondientes a más de 60 personas relacionadas
con Pinochet y entregados al Ministro Muñoz, se relata la
rutina de diaria de Pinochet, indicando que realiza diversas
actividades de tipo físico e intelectual tales como: hacer
ejercicios; leer cuatro diarios: El Mercurio, La Tercera,
Las últimas Noticias y La Cuarta, e incluso revisar en la
tarde La Segunda; recibir visitas; coordinar a sus abogados;
manejar sus dineros y decidir complejas inversiones. Para
los abogados de Derechos Humanos "estas revelaciones desechan
los reiterados intentos de la defensa de Pinochet por obtener
su impunidad absoluta en todos los innumerables procesos criminales
que hoy afronta defendiéndose con el alegato de una pretendida
demencia".
LOS
ARGUMENTOS DE LOS QUERELLANTES
El planteamiento que expuso uno de los querellantes que representa
a la familia Prats-Cuthbert, el abogado Hernán Quezada,
consistía en demostrar la participación de Pinochet.
El jurista explica que
"ese es el objeto del juicio de desafuero: establecer si hay
o no fundadas sospechas de participación del inculpado
como para abrir causa e iniciar el proceso en su contra. Si
Pinochet es liberado de su fuero constitucional, puede ser
investigado y de esta investigación el juez respectivo
determina si hay mérito para procesarlo, para acusarlo
y condenarlo".
El
abogado querellante, Hernán Quezada detalló los argumentos
que presentó ante la Corte Suprema para solicitar el desafuero
de Pinochet:
"Fueron cuatro los grupos de sospechas y fueron las mismas
que se establecieron ante la Corte de Apelaciones. La primera
de ellas es la dependencia directa de la DINA y del Director
de la DINA (Manuel Contreras) respecto de Pinochet y al mismo
tiempo, está establecido que fueron miembros de la
DINA los que llevaron a cabo el crimen.
La
segunda es la situación que se generó cuando el General Prats
solicitó pasaporte para viajar de Argentina a otro país y
que se lo rechazaron. Este pasaporte fue solicitado por lo
menos cuatro meses antes el que fue tramitado y jamás le fue
otorgado. Esa era una situación que no es casual. Hay que
pensar que, la Cancillería era un aparato del Estado que tenía
una dependencia muy directa con Augusto Pinochet. La Cancillería
no podía entregar un pasaporte al General Prats si no era
a través de una orden superior que venía de Pinochet. él ordenó
que se le negara la entrega de pasaporte para retener en Argentina
al General Prats y así quedar a disposición de los victimarios.
La tercera es la verticalidad del mando ya que tanto Manuel
Contreras y los otros oficiales de la DINA que participaron,
en su calidad de miembros del ejército, dependían directamente
de su Comandante en Jefe, que era Pinochet. Ningún oficial
subordinado a él iba a realizar una operación de este tipo
sin, por lo menos, el conocimiento de su superior jerárquico.
La
cuarta sospecha tiene que ver con varias imputaciones que
surgen de la investigación al propio Townley, en una declaración
que prestó el año 1992, en USA y otra declaración que prestó
ante la Jueza Servini el año 1999 y que en este momento están
en calidad de secretas. Hay imputaciones en contra de Augusto
Pinochet por parte del ex fiscal norteamericano del caso Letelier,
hay imputaciones de un italiano que tuvo vínculos con la DINA.
Hay invocaciones concretas de varias personas que concluyen
que Pinochet dio la orden de liquidar al General Prats."
El
24 de marzo de 2005, el pleno la Corte Suprema de Chile, rechazó,
por 15 votos contra 4, el desafuero de Augusto Pinochet Ugarte
en este caso. Con esta resolución, el ex dictador queda inmune
penalmente y sobreseído definitivamente del homicidio del
General Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.
El
argumento que esgrimió el máximo tribunal fue bajo un prisma
técnico, es decir, desde un punto de vista de forma y no de
fondo, y en este caso se consideró la figura de "la cosa juzgada".
El abogado Quezada explica que "Todo el grupo de sospechas
que se presentó en el alegato conducía, necesariamente, a
que se acogiera el desafuero, tal como lo hizo la Corte de
Apelaciones de Santiago y era lo que tendría que haber hecho
la Corte Suprema, pero (la Corte) declinó a pronunciarse sobre
este aspecto de fondo y decidió que no podía acoger el desafuero
por que según la mayoría de los ministros de la Corte se habría
producido cosa juzgada. Y esto significa que algo que ya se
ha resuelto definitivamente por un tribunal, no se puede volver
a discutir."
Para los ministros, la "cosa juzgada" se habría establecido
pues la Corte de Apelaciones de Santiago ya había hecho un
pronunciamiento ante la solicitud de desafuero que presentó
la Jueza Servini de Cubría para que Pinochet declarase en
Argentina en octubre de 2002, petición que en esa oportunidad
fue rechazada por el tribunal, aduciendo la incapacidad mental
que tenía el ex dictador para enfrentar un juicio. El abogado
querellante recuerda que en esa oportunidad, cuando se rechazó
el desafuero que pedía la Jueza argentina, la Corte chilena
señaló que a cambio de eso se abriría proceso en Chile y se
asignó al ministro Solís para investigar el asesinato del
General Prats. "Sin embargo, hoy día se le impide investigar
a uno de los principales responsables."
En
tanto, el abogado Quezada insiste que incluso "el pronunciamiento
de fondo es altamente discutible por que la resolución de
la Corte de Apelaciones del 2002, fue dictado por una solicitud
de un tribunal extranjero que pretendía la extradición de
Pinochet para investigar el caso Prats en Argentina. Tenía
un origen distinto al que estableció el Juez Solís".
EL
VOTO DE MINORíA
De los cuatro votos de minoría, los ministros Libedinsky y
Juica coinciden con la opinión de Quezada y votaron por aprobar
el desafuero por creer que la jueza Servini de Cubría pedía
el desafuero de Pinochet para fines de extradición y, por
lo tanto, la decisión tomada en el año 2002 no puede extenderse
al fallo que debían adoptar ahora, pues en estos momentos
hay un tribunal chileno que investiga los hechos.
El
ministro Benquis argumentó que las decisiones adoptadas por
los tribunales chilenos, en base a una solicitud de la justicia
argentina, no pueden ahora interferir el ejercicio legítimo
de la jurisdicción del tribunal chileno competente, es decir,
la indagación a cargo del juez Solís.
El
ministro Medina por su parte, fundamentó que no se ha resuelto
con anterioridad, petición de desafuero válidamente formulada
por el juez Solís, y por ello resulta pertinente acoger la
petición de los querellantes sin que se vulneren los efectos
de "la cosa juzgada."
LAS
DECLARACIONES DE TOWNLEY
Entre
los principales responsables del atentado se identificó a
Michael Townley, un estadounidense experto en electrónica
y colaborador de la DINA. El propio Townley ha declarado ante
la jueza trasandina que fue el autor material del doble homicidio:
"Yo llevé a cabo la operación a instancias del coronel EspinozaÉ".
"La planificación y realización fueron exclusivamente mi obra".
A principios de febrero de 2005, el juez Solís participó en
el interrogatorio que se le hizo a Michael Townley en Washington,
Estados Unidos. En ese interrogatorio se le hicieron cerca
de 100 preguntas que había elaborado meses antes el mismo
ministro Solís y que fueron remitidas por exhorto. La jueza
Servini tiene las declaraciones de Townley desde 1999 pero
esas declaraciones son secretas, es decir, se hacen uso de
ellas reservadamente pues el inculpado está acogido al programa
de protección a testigos de la justicia estadounidense y es
por esta razón, que el ministro Solís envió su propio exhorto
y pidió autorización para estar presente en el interrogatorio
y así contar con estas declaraciones en el proceso que se
lleva en Chile.
El
abogado Hernán Quezada ha declarado que este interrogatorio
podría tener como consecuencia nuevas pesquisas y dictación
de autos de reos contra Juan Morales Salgado y Ricardo Lauwreance
Mires, cuyas fotografías fueron mostradas a Townley.
POSIBLE
CIERRE DEL CASO
Con
respecto a la idea de cerrar los sumarios dentro de un plazo
de 6 meses, es decir, hasta julio de 2005, Quezada no está
preocupado pues espera que "el ministro Solís realice la investigación
dentro de ese plazo y si no alcanza a realizarla nosotros
tendremos que pedir que se amplíe pues hay diligencias pendientes
todavía".
Con
las declaraciones de Townley a la jueza Servini de Cubría,
y que ahora se incorporan oficialmente al proceso que lleva
el juez Solís, posiblemente surgirán nuevos antecedentes que
el ministro tendrá que investigar.
"Sabemos
que hay dos nuevos nombres que reveló Townley, que no estaban
considerados, es decir, dos personas que podrían ser procesadas
además de las otras seis" expresó el abogado.
Es
evidente la incoherencia de veredicto entre la Corte de Apelaciones
y el máximo tribunal, y cabría preguntarse si en esta oportunidad
sólo se consideraron fundamentos jurídico-técnicos para rechazar
el desafuero del inculpado número uno del asesinato del ex
general en jefe del Ejército y su esposa.
Después
de la lamentable decisión tomada por la última y definitiva
instancia judicial, el juicio seguirá para los ex miembros
de la DINA que se encuentran procesados, y para Pinochet,
tendremos que esperar a que prosperen las otras causas en
que está involucrado.
ANEXO
Quiénes son los imputados
Enrique
Arancibia Clavel: Es el único ex agente de la DINA que
cumple condena por el doble crimen. Fue detenido en Argentina
el 18 de enero de 1996. La magistrada María Servini ordenó
su prisión preventiva bajo los cargos de asociación ilícita
y presunta complicidad respecto del asesinato de Prats y Cuthbert.
En noviembre de 2000 el Tribunal Oral Federal número 6 de
Argentina lo responsabilizó del atentado y asociación ilícita.
Fue condenado a cadena perpetua, sentencia que cumple en la
actualidad en la Unidad de Investigaciones y Procedimientos
Judiciales de Buenos Aires. Posteriormente, la Cámara de Casación
Penal entendió que el delito por asociación ilícita había
prescrito; no obstante, se mantuvo la condena por el doble
homicidio.
Manuel
Contreras: ex jefe de la DINA. Según la declaración de
Townley, Pinochet les encargó a él y al brigadier Pedro Espinoza
que se preocuparan de Prats. Posteriormente, Contreras ordenó
a Espinoza que encargara la misión a Townley. A finales de
junio de 2001, la jueza Servini lo encausó por su responsabilidad
en el doble crimen. El 8 de octubre de 2001, el ministro Jorge
Rodríguez Ariztía decretó el arresto preventivo de Contreras
y de los demás procesados por el caso Prats-Cuthbert. En febrero
de 2002 se le concedió la libertad provisional, pero continuó
detenido en su hogar por otros casos. El 2 de diciembre de
2002, el proceso pasó a Chile, por lo que quedó en manos del
ministro Alejandro Solís. El 25 de febrero de 2003 Contreras
fue procesado como autor de homicidio calificado y como jefe
de una asociación ilícita. El 4 de mayo de ese mismo año consiguió
la libertad bajo fianza tras tres años de arresto domiciliario.
Pedro
Espinoza: Ocupó una de las jefaturas de la DINA en los
comienzos del régimen militar. Townley declaró ante la justicia
argentina que Contreras entregó a Espinoza la misión de acabar
con Prats, junto con varios miles de dólares. Además, Townley
sostuvo que fue Espinoza quien le entregó los materiales para
construir la bomba que acabó con la vida del general chileno
y su esposa. Por todo ello, fue procesado en Argentina. Mientras,
en Chile, el ministro Solís lo encausó como autor de homicidio
calificado y jefe de asociación ilícita.
José
Zara Holger: ex miembro de la DINA. El 25 de febrero de
2003 fue sometido a proceso como miembro de la asociación
ilícita que participó en el doble homicidio del general Prats
y su esposa. Zara quedó en prisión preventiva, aunque tres
semanas después recuperó su libertad previo pago de una fianza
de millón y medio de pesos.
Raúl
Iturriaga: general del Ejército retirado, fue sometido
a proceso en Argentina el 27 de junio de 2001 por los delitos
de asociación ilícita y homicidio agravado. El 20 de febrero
de 2003, el ministro Solís lo citó a declarar. Cinco días
más tarde se le notificó su encausamiento como miembro de
la asociación ilícita que participó en el doble crimen. Casi
tres meses después obtuvo su libertad bajo fianza.
Mariana
Callejas: escritora que formó parte del Departamento Exterior
de la DINA, en el que participó activa y directamente junto
a su ex marido,
Michael
Townley: Fue procesada en Argentina por la jueza María
Servini como autora de asociación ilícita y del doble homicidio
agravado por explosivos. Mientras duró el proceso en el que
se decidió sobre su posible extradición a Chile, permaneció
detenida cinco días en su domicilio de Peñalolén. Fue puesta
en libertad el 23 de julio de 2003 y poco más de un mes después
fue encargada reo como autora del doble homicidio calificado.
Actualmente está en libertad. Michael Townley: estadounidense
colaborador de la DINA, actualmente reside en Estados Unidos
con otra identidad, ya que es testigo protegido en el caso
Letelier. Admitió y detalló el doble homicidio ante la jueza
Servini.
Fuente:
Starmedia
Para
informarse más sobre este caso, vea Enfoque:Caso
Carlos Prats en Memoria y Justicia.
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