La labor de los abogados en conjunto con los familiares de las víctimas fue acumulando un vasto cuerpo de pruebas, que formaría la base para querellas criminales en un futuro cuando se restaurara el estado de derecho en Chile.

Toda la lucha de los abogados fue de protección a las víctimas pero, igualmente, de exigencia por la democracia, de restaurar un estado de derecho donde los principios de igualdad ante la ley se respetaran. Posterior a la dictadura, a principios de los 1990, ya en la llamada época de transición a la democracia, la justicia seguía ilusoria. Los tribunales continuaron invocando a la ley de amnistía y contiendas de competencia terminaban entregando casos de derechos humanos a tribunales militares. Los abogados en varios momentos siguieron siendo objetos de hostigamiento y amenaza por ejercer su profesión.

Alfonso Insunza, hoy Decano de la Facultad de Derecho de ARCIS, formó parte del equipo jurídico de la Vicaría de la Solidaridad y pertenecía a la Asociación de Abogados de Presos Políticos.

"Sentimos una gran mística, producto del compromiso que teníamos por terminar con la dictadura... Eramos considerados enemigos del gobierno, pero pertenecíamos a organismos importantes que nos hicieron sentir protegidos — la Vicaría de parte del Arzobispado, Codepu, Fasic. Había un respaldo internacional que fue determinante para Chile. Como todo el mundo estaba consciente de que Pinochet era un dictador, nos alentaba seguir denunciando y defendiendo a las víctimas, a los presos políticos.

Curiosamente, en comparación con otras profesiones, como el caso de los médicos, los abogados no cobraron tantas víctimas. No obstante que amenazaban y amedrentaban, había una aceptación de nuestro rol en la justicia militar como necesario para conformar una apariencia legal. Había que mostrar que los detenidos tenían abogados, que había juicios, y que existía un estado de derecho.

Como no había políticos, los abogados tenían más protagonismo público. Los únicos que podían hablar un poco eran los abogados de derechos humanos."

 

Sergio Concha, también abogado de la Vicaría, relata:

"Fue una labor que comenzó dentro de cierto caos, ya que Chile nunca había vivido una situación como esta... Se hizo difícil establecer un sistema de defensa de los derechos humanos dentro de un marco jurídico. En realidad no había mucho tiempo para pensar. Era tal la urgencia de la tarea que durante los primeros 4 o 5 años había colas muy largas de gente por atender. Se sabía que estaba la vida y la integridad de la persona en juego. Era un trabajo de locos buscar de amparar jurídica y humanamente a todas las miles y miles de personas reprimidas y al mismo tiempo institucionalizar algo del trabajo de derechos humanos.

... Siempre se sentía una gran frustración. En otros departamentos en los casos más urgentes, se llevaba a la persona cuanto antes a asilarse o a salir del país. Pero eran soluciones tipo parche que buscaban salvar el máximo de vidas posibles.

El cuadro de la justicia aparecía como totalmente negativo y totalmente indiferente ante una violación atroz y muy masiva de derechos humanos. A los abogados durante bastante tiempo se intuía, se captaba que era mejor hacer la tarea jurídica que no hacerla. Sabíamos que hubiera sido mucho peor si no hubiese existido el Comité Pro Paz o si no hubiese existido la Vicaría. Pero igual muchas vidas tampoco se podían salvar.

Después de largo tiempo y frutos ilimitados se ve muy poca gente condenada o que está sometida a proceso. Es algo irritado lo que se ha alcanzado pero algo que no se hubiese logrado sin todo el trabajo anterior. Todos los casos mayores de detenidos desaparecidos venían de los primeros años de la dictadura 1974 a 1977. De alguna u otra forma muchos de esos procesos llegaron abiertos hasta hoy o se lograron reabrir en la década de los 90 en parte por la comisión Retig (Comisión de Verdad y Reconciliación) y todos los oficios que mandaron a todos los juzgados del crimen del país para que se reabrieran casos. Hasta que se vio cambios como los fallos de la Corte Suprema en 1997 y 1998 y la detención de Pinochet en el extranjero."

 

Algunos de los Abogados Amenazados en Dictadura:

El 12 de mayo de 1976 la casa del abogado Hernan Montealegre fue violentamente allanada. En el allanamiento fueron incautados documentos relacionados al caso Neltume y a procesos contra 37 acusados que deberían ser juzgados en Consejo de Guerra el 27 de mayo 1976. Montealegre fue detenido y permaneció 17 días incomunicado en el centro de detención Cuatro Alamos por "servir de intermediario al proscrito Partido Comunista."

En 1976 agentes militares irrumpieron a la oficina de Jaime Castillo Velasco, quien defendía personas acusadas por los Consejos de Guerra, llevándoselo directamente al aeropuerto. Pudo regresar en 1978, y en ese año formó la Comisión Chilena de Derechos Humanos. En 1981 fue expulsado de nuevo, esta vez, junto con otros miembros de la Asociación de Abogados Pro Derechos Humanos en Chile.

En septiembre 1987, Roberto Garretón, jefe del área jurídica de la Vicaría de Solidaridad, fue encargado reo por la Primera Fiscalía Militar, por publicar un balance desfavorable de la situación de los derechos humanos en Chile.

Amedrentamiento en Democracia:

El 11 de julio de 2000 el diario La Nación recibió un llamado anónimo: "Nosotros, Patria y Libertad, nos atribuimos el atentado contra el abogado Contreras." Días antes una camioneta embistió a la esposa de uno de los abogados querellantes en el caso Caravana de la Muerte, Eduardo Contreras, causándola graves daños físicos. La llamada telefónica reforzó las sospechas del abogado de que lo acontecido no fue un accidente.

Durante la detención de Pinochet en Londres y el proceso en Chile, la seguidilla de amenazas dirigidas a los abogados como también a personas públicos vinculadas al área de derechos humanos, obligó al Ministerio del Interior designarles escoltas policiales en el año 2000 a muchos personeros públicos de derechos humanos, entre ellos varios abogados, como los del Codepu, Fabiola Letelier, Julia Urquieta y Hugo Gutiérrez.

El Poder Judicial

Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, "el poder judicial fue el único de los tres poderes del Estado que continuó funcionando sin que fuera intervenido ni disuelto..." por los gobernantes militares debido al "interés por mantener... una imagen de legalidad."

Y el Informe agrega: "La actitud adoptada durante el régimen militar por el Poder Judicial produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas de los derechos humanos."

La ex Ministra de Justicia del régimen militar, Mónica Madariaga, explica la forma que se nombraba a los ministros de justicia durante su término. El Ministerio proponía candidatos a la Junta Militar y a ella le correspondía defenderlos si fueron cuestionados ideológicamente. Cuando se le consultó si los magistrados podían haber seguido un accionar diferente, Madariaga respondió: "¿Cómo podrían ellos con la fuerza de su magistratura haberse opuesto a la fuerza de las armas? La Junta — yo los conozco — habría dictado la disolución del poder judicial."

Los Decretos Leyes 80 y 81 contribuyeron a la creación de un poder judicial sumiso a la contingencia política de la dictadura:

DL80 Permitió remover a jueces con 50 por ciento de los votos de la Corte Suprema cuando anteriormente se requería el dos tercios de los votos.

DL81 Cambió el sistema de calificaciones de jueces, evaluados con grados de 1 a 4. Calificación del grado 4 permitió remover a los jueces por intromisión política.

A fines de abril del 1974, 57 jueces, ministros de cortes, y relatores — casi el 10% del cuerpo judicial - fueron removidos por calificación del grado 4. Uno de los magistrados despidos por considerarlo políticamente incompatible con la visión hegemónica del régimen militar fue el juez del Segundo Juzgado de Santiago, René Farías, hoy Presidente de la Asociación Americana de Juristas en Chile.

Durante la Dictadura Tres Jueces Intentaron Ejercer Independencia Judicial

Carlos Cerda
En marzo de 1986, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago citó a declarar al ex jefe de la DINA Manuel Contreras por el secuestro y desaparición de 10 dirigentes del Partido Comunista entre 1975 y 1976. Contreras respondió querellándose en contra del juez y el General Fernando Matthei, de Fuerza Aérea de Chile (FACH) se quejó de las interrogaciones efectuadas a un teniente. Haciendo caso omiso a las molestias causadas a autoridades militares, el 14 de agosto de 1986, el ministro ordenó el procesamiento de 40 miembros de Carabineros, Investigaciones y de la), entre otros el ex comandante en jefe Gustavo Leigh.

Cuando la Corte Suprema confirmó una contienda de competencia desde la justicia militar, Cerda ignoró la resolución. Los ministros de la alta corte respondieron la suspensión de Cerda.

José Cánovas Robles
En agosto 1985 Cánovas concluía su investigación meticulosa del triple secuestro y degollamiento cometido el 28 de marzo de 1985 a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino. El juez inculpó a inteligencia policial, la Dicomcar de Carabineros, de asociación ilícita y ordenó la detención de altos mandos de esa entidad policial. Fue la primera vez que un miembro del poder judicial acusara a las fuerzas de seguridad de la dictadura de haber cometido un crimen. La Corte Suprema reaccionó ordenando la libertad inmediata de Luis Fontaine y Julio Omar Michea. Posteriormente, el régimen emitió los Decretos Leyes 18.431 y 18.472, conocidos, respectivamente como la "ley Fontaine" y la "ley Mendoza" que prohibieron procesar o citar a declarar a los altos mandos policiales.

René García Villegas
Otro juez quien ejerció su independencia y fue dos veces sancionado por la Corte Suprema fue el juez del Juzgado del Crimen de Santiago, René García Villegas. En el caso del juez García, la suspensión en octubre 1988 y la posterior remoción del magistrado en enero de 1990 se atribuyen a sus fuertes expresiones críticas al poder judicial y a su declaración de que "en Chile se tortura" que formó parte de la franja de campaña del "No." Cuando los ministros Hernán Correa de la Cerda, Luis Correa Bulo y José Benquis, miembros de la Asociación Nacional de Magistrados, denunciaron el castigo la Corte Suprema también los sancionó a ellos por haber expresado su apoyo.