Comunicado
(del Centro de Justicia y Responsabilidad)
15 de octubre de 2003
Un jurado del estado de Florida (EEUU) dictó cuatro
millones de dolares en indemnización compensatorio
y daños punitivos a la familia del economista chileno
Winston Cabello, asesinado por la Caravana de la Muerte
el 17 de octubre de 1973. El jurado civil encontró
Armando Fernández Larios responsable por los delitos
de tortura, crímenes de lesa humanidad y ejecución
sumaria. El juicio representa la primera vez que se haya
juzgado un operativo de Pinochet en los Estados Unidos por
su responsabilidad de violaciones de derechos humanos cometidos
en Chile durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.
"La sentencia coincide con el quinto aniversario de la detención
de Augusto Pinochet en Londres," declaró Sandra Coliver,
Directora Ejecutiva del Centro para Justicia & Responsabilidad,
que presentó la querella. "Pinochet nunca enfrentó juicio
pero por lo menos hoy un tribunal de justicia reconoció
que lo que la Caravana de la Muerte le hizo a Winston Cabello
y los otros fue un crímen de lesa humanidad."
Los querellantes son Elsa Cabello, Zita Cabello-Barrueto,
Karin Moriarty y Aldo Cabello, chilenos radicados en varias
ciudades de California, EEUU. Son la madre, y hermanos de
Winston Cabello, uno de más de 70 personas ejecutadas
por la Caravana.
El jurado encontró Fernández Larios responsable cómo integrante
de la Caravana de conspiración y incitación para cometer
los crímenes de tortura, tratos inhumanos y la ejecución
extrajudicial del Sr Cabello.
"Esta no es una victoria sólo para mi familia, sino para
todas las familias y víctimas de la Caravana de la Muerte,"
declaró la familia Cabello. "Creemos que Fernández debe
ser juzgado en un tribunal penal de Chile, pero nos alegra
que este proceso le haya impedido su capacidad de vivir
impune en los Estados Unidos."
La ley de amnistía promulgada por la Junta Militar en 1978
impide procesar a Fernández en Chile, y ley penal de los
Estados Unidos no permite procesamiento por ejecuciones
extrajudiciales ni tortura cometidas en otro país anterior
a 1994. Sin embargo, dos leyes federales de los Estados
Unidos, la Alien Tort Claims Act (ATCA) y la Torture Victim
Protection Act (TPVA), permiten que víctimas de derechos
humanos o sus familiares sobrevivientes presenten demandas
civiles contra responsables que se encuentran en los Estados
Unidos. Por lo tanto, la demana civil presentada por la
familia Cabello era la única vía para perseguir justicia
en encontra Fernández Larios.
Fernández Larios llegó a los Estados Unidos en 1987 a raíz
de un acuerdo fiscal en el cual se declaró culpable de encubrimiento
del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier
y su colaboradora Ronni Moffet, llevado a cabo por agentes
de la DINA en 1976 en Washington,D.C. Al cumplir cinco meses
en prisión, Fernández se radicó en Miami. Argentina ha pedido
la extradición de Fernández Larios por su participación
en el asesinato del General Carlos Pratts en Buenos Aires.
El juicio fue presentado por el Centro de Justicia y Responsabilidad,
una organización sin fines de lucro de derechos humanos
de San Francisco, California, que se dedica a poner fin
a la impunidad en casos internacionales de derechos humanos,
entablando demandas civiles contra responsables que viven
en los Estados Unidos.
Antecedentes
sobre la Demanda
¿En qué consiste este caso?
El día 17 de octubre de 1973, Winston Cabello Barrueto,
conocido funcionario de planificación regional durante
el gobierno del Presidente Salvador Allende, fue asesinado
por una delegación militar chilena conocida como
la "Caravana de la Muerte"
en la ciudad de Copiapó, Chile.
En este caso, la madre del Sr. Cabello, sus hermanas y hermano,
todos residentes estadounidenses desde los 1970, buscaron
establecer la responsabilidad de un ex-oficial del ejercito
chileno, Armando Fernández Larios, por su participación
en el asesinato. Fernández Larios fue uno de varios
oficiales de esa delegación militar que ordenaron
o realizaron los asesinatos de más de 70 civiles
entre septiembre y octubre del 1973.
Cargos criminales contra el general Pinochet en España
y Chile se basaron en su responsabilidad alegada en ordenar
el viaje de muerte de la Caravana. Sin embargo, Pinochet
evadió su responsabilidad al ser declarado por cortes
chilenas incapáz mentalmente de enfrentar a un juicio.
Por lo tanto, el juicio civil marca la primera vez que cualquier
miembro de la "Caravana" enfrente juicio por su responsibilidad
en asesinatos perpetrados durante el viaje.
¿Quien era Winston Cabello?
Winston Cabello, de 28 años de edad, fue un oficial
regional de dos distritos al Chile, Atacama y Coquimbo,
durante el gobierno de la "Unidad Popular." Cabello fue
altamente respetado en Copiapó. Fue designado a su
cargo responsabilidad por su intelecto y experiencia como
mediador entre diversos grupos políticos, aunque
no tenía militancia en ningún partido. Cabello
fue detenido el 12 de septiembre de 1973 y llevado al cuartel
militar de Copiapó sin haber sido formalmente acusado
por ningún delito. Fue detenido durante cinco semanas
sin incidencia hasta la noche del 16 de octubre de 1973,
cuando la "Caravana de la Muerte" llegó a Copiapó.
Esa noche Cabello fue sacado del cuartel y asesinado junto
con otros 12 presos
civiles quienes también estuvieron detenidos
después del golpe de estado.
¿Cuál fue la responsabilidad de Fernández
Larios en el asesinato de Winston Cabello?
Los demandantes alegaron que Fernández Larios participó
directamente en el asesinato de Winston Cabello, o que por
lo menos ayudó o conspiró con otros miembros
de la Caravana y oficiales locales quienes realizaron el
asesinato. Fernández reconoció que a principios
de octubre de 1973 acompañó al general Arellano
Stark en la Caravana de la Muerte y que tuvo conocimiento
de que durante el viaje de la Caravana civiles fueron asesinados
en las ciudades donde estuvo la Caravana. Declaraciones
tomados en tribunales chilenos y entrevistas públicas
realizadas por periodistas chilenos implican a Fernández
en asesinatos y torturas en muchas de las ciudades por donde
estuvo la Caravana. Mientras que las pruebas muestran que
Fernández pudo haber asesinado a Winston Cabello,
los demandantes alegan que él mismo es responsable
como cómplice por haber participado de manera voluntaria
en la misión de la Caravana de torturar y asesinar
a ciertos civiles detenidos en Copiapó y otros lugares
en Chile.
¿Qué esperan lograr los demandantes y CJA
con este caso?
La familia Cabello busca primero y sobretodo justicia, para
ellos mismos y para todos los que tuvieron miembros de sus
familias asesinados por la Caravana de la Muerte. Los perpetradores
de dichos crímenes no deberían encontrar refugio
en Estados Unidos. Los demandantes perciben este caso como
parte de un esfuerzo mayor para documentar, reconocer, y
asignar responsabilidad individual por violaciones de derechos
humanos cometidos bajo la bandera de "seguridad del estado"
durante el régimen de Pinochet. Estos abusos, de
hecho, fueron herramientas de represión y terror
contra la población civil. Finalmente, los demandantes
creen que la impunidad es uno de los mayores obstaculos
para el desarrollo de democracias emergentes, en particular
en paises que recientemente han tenido periodos de abusos
de derechos humanos por del Estado. A través de la
presentación de esta demanda contra Fernández
Larios, los demandantes esperan que puedan consolar y animar
a personas en Chile y otros paises quienes sientan que la
justicia se ha quedado atrás en la transición
de las dictaduras a la democracia.
¿Por qué no fue entablado en Chile el caso?
Una ley de amnistía de 1978 prohibe que se presenten
cargos en Chile contra oficiales chilenos por crímenes
u operaciones clandestinas cometidas por oficiales bajo
el general Pinoche entre el golpe de estado el 11 de septiembre
de 1973 y el 10 de marzo de 1978, cuando se establecio un
estado de sitio. Por lo tanto las familias de casi todas
las víctimas de la Caravana en general no tienen
un remedio en Chile.
No obstante, los tribunales chilenos han permitido que se
abran casos en los que los cuerpos de las víctimas
no han aparecido bajo la premisa de que estos son "crímines
continuos" los cuales no están incluidos en la ley
de amnisitía. Dado que el cuerpo de Winston Cabello
fue encontrado en 1990, la familia Cabello no puede llevar
a cabo una demanda en Chile contra los responsables por
su muerte. Ambos, la Asamblea General de las Naciones Unidas
y la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos
han criticado la ley de amnistía. Desde el intento
de extradición de Pinochet de Inglaterra a España,
los Tribunales chilenos han reconocido que violaciones continuas
como las desapariciones no estan englobladas en la ley de
amnistía, y un gran número de casos de abusos
de derechos humanos durante el periodo 1973-78 han sido
abiertos.
Estos casos fueron llevados a juicio y se obtuvo resoluciones
en los mismos durante el año pasado. La ley de amnistía
no tiene ningún efecto legal en los Estados Unidos.
Los tribunales chilenos desestimaron los cargos presentados
contra Pinochet en el 2002 por su responsabilidad en la
Caravana de la Muerte despues de encontrar le incapaz de
asistir a un juicio debido a alegadas deficiencias mentales
y físicas. Parece poco probable que los tribunals
chilenos ahora llevarán a juicio a otros participantes
en la Caravana de la Muerte. El caso de la familia Cabello
es el primero y quizá el único caso en el
cual un participante en la Caravana será confrontado
por la justicia por su responsabilidad en la Caravana.
¿Por qué una demanda civil? ¿Por
qué no una demanda penal?
Solo los fiscales generales tienen la autoridad, bajo el
sistema legal estadounidense, de iniciar una querella criminal.
Ni ciudadanos privados ni organizaciones como CJA tienen
capacidad para iniciar una querella criminal.
Hay varias leyes federales que permiten querella de este
tipo por ciertos abusos graves de derechos humanos como
tortura, genocidio, crímenes de guerra y terrorismo.
Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos
(DOJ) no cree tener la autoridad de presentar cargos criminales
en este caso. La ley estadounidense que entrega jurisdicción
a los tribunales de Estados Unidos para oir estos casos
criminales de tortura donde quiera que se hayan cometido
fue aprobada en noviembre de 1994.
El DOJ mantiene la posición de que solo pueden presentarse
demandas por actos criminales cometidos despues de esa fecha
debido a la prohibición de aplicar las leyes penales
con carcter retroactivo. La reclamación de los demandantes
contra Armando Fernández Larios fue por crímenes
cometidos en octubre de 1973 así que el DOJ no inició
una querella por torturas contra el mismo. CJA proporcionó
informes legales al Departamento de Justicia que establecen
que demandas por torturas acaecidas antes de 1994 no violarían
la prohibición de aplicicaion con caracter retroactive
de la ley. Hasta la fecha el DOJ no ha presentado ninguna
querella contra torturadores bajo la ley de 1994.
El DOJ intento llevar a cabo su primera acción legal
en marzo del 2000 a partir de información proporcionada
por CJA sobre un agente peruano de seguridad sospechoso
de haber torturado a gente en Peru entre 1996-97 el cual
estaba de visita en Estados Unidos. Sin embargo el FBI le
puso en libertad después de que el Ministerio de
Relaciones Exteriores (State Department) emitiera su opinión
-ampliamente criticada - sobre el hecho de que esta persona
gozaba de inmunidad diplomática.
¿Qué es CJA?
El Centro de Justicia y Responsabilidad (The Center for
Justice and Accountability) es una organización internacional
de derechos humanos sin fines de lucro con sede en San Francisco
que trabaja para denunciar violadores de derechos humanos.
CJA representa a sobrevivientes de tortura y familiares
de las victimas de asesinatos sumarios en demandas civiles
interpuestas en tribunales estadounidenses contra violadores
de derechos humanos quienes viven en o estan de visita en
los Estados Unidos. CJA también provee información
a agencias del gobierno de Estados Unidos para ayudarles
a encontrar, juzgar y deportar a violadores de derechos
humanos dentro de los Estados Unidos, y promueve legislación
y políticas apropriadas para asegurar que tales violadores
sean responsables por sus acciones.
CJA fue fundada en 1998 con apoyo inicial de Amnistía
Internacional USA y el Fondo Voluntario de las Naciones
Unidas para las Víctimas de Tortura. CJA ahora es
independiente de Amnistía Internacional USA, aunque
ambas organizaciones continuan colaborando en muchos proyectos.
CJA recibe apoyo legal de manera desinteresada de despachos
de abogados, profesores, traductores e investigadores privados
por todo el país. Todos los miembros del equipo legal
respresentando a los demandantes en el caso contra Fernández
Larios prestaron sus servicios sin costo alguno.
¿Cual fue el fundamento legal de la demanda?
El Acta de Reclamos de Agravio de Extranjeros (Alien Tort
Claims Act o "ATCA"), adoptado en 1789, otorga a los sobrevivientes
de abusos de derechos humanos notorios en cualquier lugar
el derecho de demandar a personas responsables por los abusos
en los tribunals federales de Estados Unidos. Desde 1980,
la ley ha sido utilizada con éxito en casos de tortura
(incluyendo violación), asesinato extrajudicial,
crímenes contra la humanidad, crímenes de
guerra y detenciones arbitrarias. El Acta de Protección
de Víctimas de Tortura (The Torture Victim Protection
Act), aprobado en 1991 y suscrito y ratificado por el Presidente
Bush en 1992, otorga derechos similares a ciudadanos estadounidenses
y personas que no lo son para presenter demandas por tortura
y asesinato extrajudicial cometidos en paises extranjeros.
En general, el demandado debe recibir la demanda mientras
este presente en Estados Unidos para que el tribunal federal
tenga jurisdicción.
¿Pueden dar ejemplos de otros casos similares?
El primer caso presentado bajo el ATCA por derechos humanos
fue Filartiga v. Peña-Irala. En 1976, el padre de
un hombre joven quien habia sido torturado y asesinado en
Paraguay mientras que estuvo bajo la custodia de la policía,
vio al inspector de policía que participo en la tortura
y asesinato de su hijo caminado por la calles de Manhattan.
El padre llamó a las oficinas gubernamentales de
inmigración (INS), y el INS arrestó al inspector
de policía por haber excedido el tiempo permitido
por su visado. El padre y la hermana presentaron una demanda
contra el inspector y en 1980 un tribunal federal de Nueva
York aceptó sus solicitud abriendo el camino para
que otras demandas pudieran llevarse a cabo bajo el ATCA.
Uno de los casos más publicados en años recientes
fue el caso contra el anterior presidente de Filipinas,
Ferdinand Marcos. Despues de que se voto su exclusion del
poder, encontró refugio en Hawaii. Mas tarde un jurado
estadounidense le encontro responsable por la tortura y
asesinato de disidentes Filipinos y ordenó a sus
herederos a pagar casi US$2 billónes a las víctimas.
En julio de 2002 CJA obtuvo un fallo favorable de US$54.6
millón contra dos generales salvadoreños ambos
exministros de defensa, quienes se habian jubilado en Florida
en 1989. Un jurado en West Palm Beach, Florida, determinó
que los generales tuvieron responsabilidad de mando por
la tortura de los clientes de CJA - tres refugiados salvadoreños
quienes ahora viven en Estados Unidos. Este caso fue el
primer caso en el cual un jurado encontró que los
comandantes eran responsables bajo la doctrina de "responsabilidad
de mando." Esta doctrina establece que altos mandos pueden
ser responsables por no tomar medidas para prevenir o castigar
abusos de los que tuvieron conocimiento o debian haber tenido
conocimiento puesto que estaban siendo cometidos por sus
subordinados.
¿Han podido los demandantes cobrar algo de los
fallos judiciales?
Los demandantes no han tenido mucho exito en sus esfuerzos
para cobrar cantidades de dinero por daños y perjuicios
en fallos judiciales ya que la mayoría de los demandados
han sido visitantes y no tenían activos en los Estados
Unidos o aunque vivian en Estados Unidos no tenían
activos significantes. CJA esta alineando sus esfuerzos
en asegurar que Fernández Larios pague la cantidad
en el fallo en su caso. El juez del contra los generales
salvadoreños ordenó a una sociedad de inversión
a que entregara a los abogados de los demandantes más
de US$200,000 (para los demandantes) mantenidas en una cuenta
del general Vides Casanova.
¿Cómo encuentra CJA nuevos casos?
CJA trabaja con comunidades de sobrevivientes, organizaciones
de derechos humanos y centros de tratamiento para victimas
de tortura en todo Estados Unidos para ayudar a los mismos
a que buscan remedios legales por los daños sufridos.
A veces las víctimas rehusan comunicarse con CJA
debido a que están todavía traumatizadas y
cuentran muy díficil hablar sobre sus experiencias,
y a menudo temen de sufrir repercusiones hacia ellos o miembros
de su familia que permanecen en su país de origen.
Junto a este caso chileno, CJA ha entablado casos en nombre
de demandantes de Timor Este, El Salvador, Bosnia, China,
Honduras, Haiti, e Iran.
Para informarse más visite el sitio web www.cja.org
Regresar
arriba
