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Campo
de Prisioneros Pisagua
El prontuario
de la Cárcel de Pisagua como lugar de detención
de prisioneros de guerra - en contra los enemigos externos
como también los supuestos enemigos internos de Chile
- remonta a fines del siglo 19 cuando peruanos tomados durante
la Guerra del Pacífico fueron retenidos en sus confines.
En 1956 el Presidente Carlos Ibañez del Campo lo estrenó
como sitio de penurias para chilenos declarados enemigos del
estado, propósito que volvería a cumplir unos
17 años más tarde.
E1 18 de septiembre
de 1973 desembarcaron del mercante Maipo una cincuentena de
presos detenidos en los días después del golpe
en Valparaíso. Los pocos residentes del viejo puerto
de Pisagua y los reos comunes ya habían sido trasladados
a Iquique.
El recinto de
tres pisos llegó a superar su capacidad con aproximadamente
500 prisioneros traslados desde el Regimiento de Telecomunicaciones
de Iquique, desde diferentes Comisarías de la Región
de Tarapacá, además a los de Valparaíso.
Mujeres fueron retenidas en el viejo teatro. Hasta 30 personas
fueron encerradas en celdas de cuatro por diez metros. A diferencia
de los prisioneros peruanos del siglo 19, estos eran civiles,
presos políticos, quienes fueron tratados como prisioneros
de guerra.
El recinto fue
comandado por el Teniente Coronel Ramón Larraín
y el Capitán Benavides. A partir del golpe, el General
Carlos Forestier Haensen fue Jefe de la Zona en Estado de
Sitio de la Provincia de Tarapacá y Comandante en Jefe
de la Sexta División de Ejército, con autoridad
máxima sobre los sucesos en el Campo de Prisioneros
de Pisagua.
Numerosos sobrevivientes
afirman la brutalidad vivida por los prisioneros, quienes
fueron sometidos a torturas. La crueldad ejercido por el Comandante
Larraín, afirma un ex preso, fue motivado por "odio
irracional hacia todos los que estábamos allí."
En Pisagua se
constituyeron tres Consejos de Guerra, además del que
el Informe de Verdad y Reconciliación denomina el "ilegal
y supuesto Consejo conocido solamente por los Bandos del 11
y 12 de octubre de 1973." En total estos Consejos de
Guerra procesaron a 147 personas.
El Código
de Justicia Militar establece un procedimiento y estructura
para los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. Sin embargo,
los Consejos de Guerra que se convocaron en Pisagua, dirigidos
por Larraín y con Mario Acuña Riquelme como
Fiscal Militar, comparten con los demás Consejos de
Guerra de la época un funcionamiento fuera de toda
legalidad, sin respetar los derechos mínimos de los
acusados a debido proceso.
Entre el 29 de
septiembre de 1973 y junio de 1974, fueron ejecutadas 26 personas,
detenidos en el Campo de Prisioneros de Pisagua. A continuación
detallamos las circunstancias de dos de las ejecuciones llevadas
a cabo en Pisagua.
(Ver Listado
de los Ejecutados y Detenidos Desaparecidos del Proceso Pisagua)
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Las
Primeras Ejecuciones
Extracto de la querella criminal
interpuesta por los padres de Michel Selin Nash
"Según
testimonios de personas que se encontraban presas, el día
29 de septiembre de 1973, temprano en la mañana poco
antes de las 9:00, el comandante del "campo de prisioneros
de guerra" teniente coronel Ramón Larraín,
ordenó a los cerca de 600 prisioneros salir de sus
celdas y formar afuera de ellas.
"Junto a
él estaban el capitán Sergio Benavides y los
tenientes Contador, Figueroa y Ampuero, según relatos
coincidentes de ex prisioneros de Pisagua. Pasaron lista y
Larraín pidió seis voluntarios para realizar
tareas de pintura. Después dijo que necesitaban otros
seis voluntarios para instalar unos pilotes. Esta vez los
seis no fueron voluntarios, sino elegidos por cada oficial,
a pesar de que en los casos de Cañas y Guzmán
estos manifestaron su deseo de no salir y otros se ofrecieron
para sustituirlos."
"Contador
eligió a Cañas que estaba recién operado
pocos días antes de ser detenido y caminaba con dificultad.
Ampuero eligió a Guzmán a quien lo fue a buscar
al interior de la celda porque no había salido a formar.
Benavides sacó al conscripto Michel Nash. El propio
Larraín sacó a Lizardi. Figueroa eligió
a los dos ex infantes de Marina Juan Calderón y Juan
Jiménez. Llegaron estos dos últimos, funcionarios
del Departamento de Investigaciones Aduaneras, el 18 de septiembre
desde Valparaíso en el mercante "Maipo" como
prisioneros de la Armada, junto a otros 300 presos políticos
de esa institución."
Según
testimonio recogido en la investigación llevada a efecto
por el Ministro en Visita Sr. Sánchez Marré,
con ocasión del descubrimiento el 2 de junio de 1990
de una fosa en la localidad de Pisagua, se logró establecer
que los prisioneros nunca intentaron huir, sino que fueron
obligados a correr mientras un grupo de militares les disparaban
por la espalda, incluso con un ametralladora punto 30 emplazada
en un Jeep.
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El
Segundo Consejo de Guerra
El diario El
Tarapacá del 31 de octubre 1973 informó sobre
el fusilamiento a cuatro importantes dirigentes del Partido
Socialista de la provincia. La causa de la ejecución,
según el reportaje de
ese diario, sería
la supuesta participación de los condenados en un plan
destinado a provocar la guerra civil en Chile y la rebelión
de las Fuerzas Armadas. La nota de prensa señala, además,
que "los ejecutados fueron juzgados conforme a las normas
prescritas en el Código de Justicia Militar."
Recién
17 años después de los hechos se empezó
a desentrañar la verdadera accionar de ese Consejo
de Guerra, por cual actuó como Fiscal Militar Mario
Acuña Riquelme, que luego de levantar cargos falsos
en contra de los cuatro socialistas y denegarles la posibilidad
de defensa real, procedió a ordenar su ejecución.
En julio 1990, hallazgo de una fosa común en el cementerio
de Pisagua, el capitán en retiro Juan Sinn Bruno, quien
sirvió de Auditor para ese Consejo de Guerra, reveló
que la noche del 29 de octubre de 1973 mandos superiores obligaron
bajo amenaza a los miembros de ese Consejo de Guerra a cambiar
la sentencia ya fallada de sólo 10 años de prisión
por la pena de muerte. El único medio de prueba que
se cita en la sentencia es la supuesta confesión de
los procesados, en circunstancias que estas confesiones se
consiguieron como resultado de la tortura sistemática
de los prisioneros.
En su declaración
que forma parte del expediente presentado en septiembre de
1999 ante la Corte de Apelaciones, el abogado Carlos Sottile
Messineo cuenta:
"...
se hizo difícil tener acceso a mis defendidos [cuatro
de los seis detenidos]... y tuve acceso al expediente el
día 26 de octubre de 1973 en horas de la tarde, en
circunstancias que el Consejo de Guerra había sido
convocado para el día siguiente, lo que provocaba
un entorpecimiento manifiesto para estudiar en detalle todo
lo actuado, situación que nos obligó juntos
a los otros dos abogados actuantes... a trabajar conjuntamente
durante toda la noche del día 26 y madrugada del
día 27 de ese mes de octubre."
Tanto el Auditor
Juan Sinn Bruno como el abogado defensor Carlos Sottile Messineo
intentaron persuadir al Consejo que evitara la imposición
de penas capitales. El arribo a Pisagua, un día antes
del Consejo de Guerra, de un capellán de Ejército
y un médico militar, le hizo a Sottile presumir que
se aplicarían penas de muerte. Sottile recuerda:
"Esa circunstancia
me motivó a pedirle al Comandante Larraín...
que era preferible imponer cincuenta o cien años
de presidio a muchos y no una pena de muerte ya que a los
muertos no se les resucita y más tarde o más
temprano sobrevendría sobre este país un juicio
histórico respecto de estos procesos de Pisagua.’
El Comandante me contestó que yo estaba en el bando
contrario y que él se encontraba muy tranquilo pues
estaba asesorado por el fiscal y el auditor y que en caso
alguno firmaría nada contrario al Código de
Justicia Militar."
No obstante los
esfuerzos del Auditor y del abogado defensor, los cuatro dirigentes
fueron fusilados a las 6:00 de la mañana del día
siguiente. Sus cuerpos no aparecieron en la fosa descubierta
en 1990 y siguen aún desaparecidos.
Los ejecutados
fueron:
Rodolfo Jacinto
Fuenzalida Fernandez, 43, secretario regional del Partido
Socialista. Detenido el 11 de septiembre 1973 en su domicilio.
Juan Antonio
Ruz Diaz, 32, militante del Partido Socialista, funcionario
de aduanas de Iquique. Se presentó voluntariamente
al Regimiento de Telecomunicaciones.
José Demostenes
Rosier Sampson Ocaranza, 33, relacionador público de
la Municipalidad de Iquique, se presentó voluntariamente
a Carabineros de Iquique el 21 de septiembre 1973.
Freddy Marcelo
Taberna Gallegos, 30, Director de la Oficina Regional de Planificación,
en Iquique y militante socialista, se presento voluntariamente
el 16 de septiembre 1973 al Regimiento de Telecomunicaciones.
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El
Hallazgo de la Fosa
El 31 de mayo
de 1990 la Vicaría de la Solidaridad presentó
ante el Juzgado de Pozo Almonte una denuncia por inhumación
ilegal, que derivó a una investigación judicial.
Información proporcionada por testigos de las ejecuciones
realizadas en Pisagua dio las pistas como también varias
personas de la localidad que conocían de la existencia
de una fosa clandestina. (Ver Declaración
del Doctor Alberto Neumann)
Al día
siguiente, el magistrado Nelson Muñoz se constituyó
en el lugar acompañado por un antropólogo, un
arqueólogo, un ingeniero químico, funcionarios
del tribunal, excavadores y testigos. Durante ese primer día
de trabajo sólo se hallaron restos humanos de un periodo
antiguo, evidencia de un sitio de entierro de pueblos precolombinos.
La búsqueda dio resultados el 2 de junio de 1990 cuando,
al excavar en otro lugar en el sector nor-poniente del Cementerio
de Pisagua, hallaron la fosa. Allí mismo, en una planicie
frente al mar, fueron fusilados y luego arrojados a la fosa
común, cubriéndolos con cal y luego con tierra.
Eventualmente,
fueron encontrados 20 bultos en la fosa que medía 2.10
mts de ancho, 11 mts de largo y 2.00 mts de profundidad. La
sal que impregna la arena conservó intactos los cuerpos,
con la ropa que llevaron puesto y con los amarres y vendas
con que fueron llevados al paredón. Las claras muestras
del impacto de balas acusaron a los mandos militares de la
época. (Ver Plano
de la Fosa)
Los cuerpos correspondían
a personas que habían sido ejecutadas, entre otras,
de prisioneros que supuestamente habían sido dejados
en libertad. Sin embargo, de las personas ejecutadas en 1973
hubo cuerpos que no aparecieron mientras otros cuerpos que
se encontraron en la fosa no habían sido reconocidos
por la autoridad.
De las personas
que habían sido ejecutadas y reconocidas por la autoridad
y no estaban en la fosa, faltaban siete, que corresponden
a los dirigentes del Partido Socialista de Iquique ejecutados
por orden del Consejo de Guerra del 29 de octubre de 1973.
Tampoco estaban en esa fosa tres cuerpos de personas ejecutadas
por falsa fuga. Ese hecho dio origen a una búsqueda
a todo el perímetro del Cementerio de Pisagua.
La causa como
consecuencia de la ubicación de la fosa derivó
a una investigación judicial que fue llevada adelante
por el ministro de visita Sánchez Marré de la
Corte de Apelaciones de Arica, proceso llevado por el abogado
Nelson Caucoto y otro abogado de la Vicaría. Sánchez
Marré identificó todos los cuerpos que estaban
en la fosa y citó a declarar testigos y familiares.
Pero esa investigación
se vio interrumpida por una petición de incompetencia
que hizo la Justicia Militar y la causa pasó al Séptimo
Juzgado Militar de Arica, aplicando la ley de amnistía
en 1992. Luego los abogados de la Vicaría apelaron
a la Corte Suprema la decisión dictada por la corte
marcial. Posteriormente la Corte Suprema ratificó la
amnistía.
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Historia
Procesal del Caso Pisagua
(A base de
una entrevista con el Abogado Adil Brkovic)
Han existido
varias investigaciones respecto a lo que ocurrió en
Pisagua. Las primeras querellas se presentaron por familiares
de personas que según la autoridad militar habían
sido dejadas en libertad y que nunca más aparecieron.
Las primeras
acciones fueron de este grupo de familiares fundamentalmente
porque en todas las demás ejecuciones había
un reconocimiento de parte de la autoridad. La autoridad militar
en ese tiempo, el Gen. Forrestier, cada vez que se ejecutaba
personas comunicaba a la opinión pública que
se había hecho esas ejecuciones. Las remetía
de diferentes formas. Decía, 'estas personas fueron
ejecutadas porque intentaron fugarse,' estas otras porque
las condenó un Consejo de Guerra, acá por esta
razón. La gente estaba informada y había una
certeza con respecto a que habían sido muertas, pero
no así con respecto a seis casos que ocurrieron el
6 de enero de 1974. En estos casos no se podía justificar
públicamente esas ejecuciones por razones políticas
porque todo el mundo sabía que esas personas no tenían
ninguna inclinación política sino que más
bien estaban vinculadas al tráfico de mercaderías.
Durante el proceso
que investigó Sánchez Marré en 1990,
nunca se le tomó alguna declaración a ningún
oficial de Ejército que había estado involucrado
en Pisagua. Sin embargo fue una importante fuente de información
para la querella criminal que se presentó ante la Corte
de Apelaciones de Santiago porque se logró oficializar
lo que ya se sabía informalmente.
En 1998 los abogados
Adil Brkovic y Alfonso Insunza iniciaron el proceso por una
querella que presentaron por los casos Michel Nash y Freddy
Taberna en contra de Augusto Pinochet.
Los casos están dedicados
a los dos objetivos de, primero, ubicar los cuerpos que faltan
y, segundo, esclarecer la participación criminal
El
abogado Adil Brkovic señala:
Si se compara
la investigación de Sánchez Marré con
la investigación que lleva a cabo el Ministro Guzmán
del punto de vista procesal, la diferencia es fundamentalmente
una. En un caso no se logró establecer responsabilidades
penales procesales, pero el proceso de Juan Guzmán
sí estableció la participación y se
logró procesar a personas como responsables, al menos
de los secuestros, o sea, de los detenidos desaparecidos:
el General Forrestier, estaba procesado el Auditor Militar
Mario Acuña que estaba preso acá y falleció,
y también está procesado Miguel Aguirre Alvarez,
un funcionario
de Servicio de Inteligencia militar que participó
en estos hechos.
Los
Vínculos a Pinochet
El
abogado Brkovic indica que la conexión entre los hechos
de Pisagua y el comandante en jefe Pinochet es tan directa
como la que existe entre Pinochet y Arellano Stark.
Se trata de
un vínculo institucional. Como el comandante en jefe
Pinochet es, por lo tanto el superior jerárquico
de Arellano Stark. En ese momento, Arellano Stark es un
delegado funcional de Pinochet, es un delegado de justicia.
Forrestier es también delegado de justicia de Pinochet
en la zona. Del punto de vista jurídico existe una
línea clara entre Forrestier y Pinochet. Nosotros
pedimos el procesamiento de Pinochet como autor encubridor,
inductor, y no fue concedido por el ministro pero pienso
reiterar una petición de desafuero de Pinochet una
vez que se termina el proceso de declaraciones.
Arellano Stark
no ejecutó a nadie en Pisagua. No ejecutó
a nadie en Iquique. Arellano Stark era un delegado funcional
de Pinochet para proceder a ejecutar personas en aquellos
lugares jurisdiccionales territoriales que no estaban cumpliendo
con la misión. En el caso de Forrestier, él
cumplía en detalle las instrucciones que había
recibido. ¿Cual es la conexión entre ambos?
La conexión es que ambos pertencieron a un aparatos
de "justicia" que se denomina los "comandos de áreas
jurisdiccionales." En el fondo, Arellano Stark y Forrestier
cumplen criterios de justicia, implementados desde la cúpula
del gobierno militar. Lo que nosotros logramos establecer
en Pisagua son los criterios de eliminación.
La
Pauta Pisagua para Matar
Pisagua es como
un pequeño laboratorio de todo lo que ocurrió
en Chile en esa época, señala el abogado. Por
ejemplo, de las personas ejecutadas el 29 de septiembre de
1973, primero eran personas de izquierda, segundo, eran militares
o ex militares o eran gente del MIR. Tercero, la excusa es
la misma: falsa fuga. Si tu revisas la prensa de ese día,
o en los días inmediatamente siguiente, te das cuenta
de que se ejecutó gente por falsa fuga.
El primer criterio
de la Junta que tu puedes desprender de la investigación
que se hizo en Pisagua fue que primero fueron eliminadas aquellas
personas consideradas militarmente peligrosas, o sea, la gente
del MIR o del PS que eran de doble militancia con el MIR.
Y además los militares de la izquierda, o que habían
sido militares de la izquierda. El día 10 de octubre
se ejecuta a los funcionarios de los servicios públicos,
a los jefes de servicio público. Luego se ejecuta a
las direcciones de los partidos de izquierda.
Esos criterios
se aplicaron prácticamente durante toda la década
de los 1970s. Hubo un padrón de ejecución al
nivel nacional. Ese fue la pauta: ejecútese a los militarmente
peligrosos, ejecútese a los funcionarios de servicio
público, ejecútese a la directiva de los partidos
de izquierda.
No puede ser
casualidad que el día 29 de septiembre, en cuatro,
cinco partes de Chile, justo la gente se da por fugarse y
todos mueren. O el día 10 de octubre, justo la gente
se da por fugarse en Iquique, Antofagasta, en Punta Arenas,
en Osorno, y todos mueren. Además no puede ser que
justo las ejecuciones ocurren en la misma fecha en todas partes.
En Pisagua se ejecutó el 29 de septiembre, se ejecutó
el 29 de octubre, se ejecutó el 29 de noviembre- los
fines de mes para preparar el informe. Hoy matamos a cuatro.
Hoy día matamos a cinco. Así ocurrió
al nivel nacional en las partes donde los delegados jurisdiccionales
de Pinochet cumplían con sus instrucciones como el
aparato judicial de los militares. Pero hubo lugares donde
no se cumplía con esas instrucciones y allí
fue Arellano Stark con su Caravana de la Muerte.
En Pisagua la
forma de implementar esos criterios era por medio de un fiscal
militar, quien era un tipo corrupto y criminal, en conjunto
con el servicio de inteligencia militar. Decían:
"Tenemos
el criterio de eliminar a los militarmente peligrosos. ¿Quiénes
son los militarmente peligrosos? Juanito y Pedrito. Con ellos
vamos a inventar una falsa fuga. De allá, nos dicen
matar a los jefes de servicios públicos. Pero los jefes
de servicios públicos no han hecho nada. Bueno, matémoslos
y digamos que hubo Consejo de Guerra. Así lo hacían.
Después, hay que matar a la dirección del Partido
Socialista. Hagamos un Consejo de Guerra y llamamos a un abogado.
¿Y cómo hacemos para que estos tipos confiesen
delitos que no han cometido? Torturámolos. En Pisagua
se torturaban no para que confesaran sino para que firmaran
confesiones en blanco. Eso después fue el gran argumento
que tenía el Fiscal frente a un Consejo de Guerra,
que su decisión ya estaba tomada con anterioridad.
La mejor prueba
de que era todo una farsa es lo que ocurrió con Arellano
Stark. La legalidad nunca le importó. Hicieron tabla
rasa de todo y si había que ejecutar, se ejecutaba.
Si había que hacerles fugar, se fugaban. Y si tenían
que cambiar las sentencias de los Consejos de Guerra, se cambiaban.
La psicosis de
Pinochet de ver como potenciales enemigos hasta a personas
como al abogado del Consejo del Estado porque asesoraba al
Intendente, era una cosa demencial. Pero Forrestier cumplía
eso. Y yo quiero que se procesa por esos homicidios. No quiero
que se vaya libreta con esos homicidios.
En otro ámbito,
lo que también se ha hecho en Pisagua es tratar de
encontrar los cuerpos que faltan. Se ha hecho por lo menos
6 o 7 investigaciones para tratar de ubicar a cuerpos. No
se ha llegado a ningún resultado. La última
información que tenemos es que se habría producido
en Pisagua en 1980 una remoción de los cuerpos de las
6 personas que nos faltan.
El
proceso Pisagua en la actualidad
Creo que el ministro
Guzmán piensa que el proceso de la Caravana de la Muerte
está agotado. Fue el proceso al que abocó el
mayor parte de su tiempo. El segundo proceso en término
de responsabilidades para él también está
terminado, el caso Pisagua. Porque el criterio hasta ahora
del ministro fundamentalmente ha sido no procesar a todos
que han tenido participación, sino procesar a aquellos
que han tenido participación de mando, a aquellos que
estaban a cargo, como Forrestier y el Fiscal Militar Acuña.
Creo que también ha sido criterio del ministro no afectar
a los oficiales de Ejército que estaban en ese lugar
en ese momento y les tocó ejecutar los hechos criminales
materialmente. Nosotros no compartimos ese criterio. Justamente
la parte querellante estamos tratando de establecer la responsabilidad
de cada uno de los oficiales que estuvo allí con respecto
a los hechos criminales que se cometieron. Nunca hemos perseguido
la responsabilidad de algún conscripto, ni nos interesa
hacerlo. Pero sí hubo oficiales que tuvieron responsabilidad
directa y creemos que eso debe quedar establecido como lo
que ocurrió.
El Ministro Guzmán
está en este momento con los casos Operación
Colombo, Villa Grimaldi,
David Silberman, Caravana de la Muerte y Pisagua. En mi particular
opinión, todos estos casos con conexos. Si bien son
diferentes personas las que ejecutan y se trata de diferentes
localidades, hubo una concertación entre los autores.
Por lo tanto todos ellos comprenden un solo hecho criminal,
un mega crimen que se prolonga en el tiempo desde el golpe
de estado hasta por lo menos 1978.
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