COMUNICADO DE PRENSA

EMBAJADA BRITANICA MANDA OBSERVADOR A APELACION

Las anomalías del antiguo sistema procesal en Chile y los renovados intentos de recortar las investigaciones de delitos de derechos humanos pueden dejar impunes a los asesinos del Padre Miguel Woodward y de muchas otras víctimas en Valparaíso.

La Corte de Valparaíso escuchará el viernes 4 de febrero los alegatos de los abogados que actúan por Patricia Woodward, hermana de Miguel, en su apelación contra la resolución de la Ministro en Visita Gabriela Corti quien cerró el caso, sin inculpaciones, el 16 de noviembre pasado. Patricia alega que su hermano fue torturado y asesinado por la Armada de Chile el 22 de septiembre de 1973. Los acusados incluyen tres Almirantes en retiro y un ex-Vicario General de la diócesis de Valparaíso.

En su resolución de sobreseimiento la Ministro Corti hizo caso omiso de las pruebas que había acumulado. Tras mas de tres años de investigaciones esporádicas, había determinado de repente que eran inválidas las acusaciones de genocidio y terrorismo de estado puesto que "no se encuentran configurados en la legislación penal chilena". En cuanto a los demás cargos (incluido secuestro, tortura, y homicidio) consideró que habían prescritos. Rechazó el concepto del secuestro como delito permanente y lo caracterizó, en cuanto al caso de Miguel Woodward, como un "delito imposible".

Tales determinaciones entran en abierta contradicción con lo dispuesto por la Sala Penal del Tribunal Supremo un día después de la resolución de la Ministro Corti en el caso de Miguel Angel Saandoval, el 17 de noviembre. Además, es contrario a las obligaciones internacionales del gobierno chileno tanto dentro de los términos del lConvenio de Ginebra, que sí ha sido firmado y ratificado por Chile, como de otras Convenios y Acuerdos igualmente aplicables en Chile.

Miguel Woodward tenía doble nacionalidad, chilena y británica, y en Inglaterra se sigue con atención el desarrollo de la causa. La embajada británica enviará un "observador" para presenciar los alegatos el día 4 de febrero y en diciembre último el miembro de la Camara de los Comunes Jeremy Corbyn presentó una pregunta parlamentaria sobre la causa y pidió que se debatiera el asunto. Además, la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y País de Gales también ha apoyado los intentos de aclarar las circunstancias de la muerte del Padre Miguel Woodward.

Dentro de Chile, sin embargo, la causa de Miguel Woodward ha tenido que enfrentarse con sucesivos intentos por el gobierno chileno y las autoridades judiciales para acelerar el cierre de todos los casos de derechos humanos. Al fin de 2004 la Armada tuvo que admitir, ante la abrumadora evidencia aportada por la Comisión Valech, que se había torturado en la Esmeralda. Sin embargo, a pesar de que Miguel fue visto, maltratado y en estado de coma en la Esmeralda poco antes de morir, la Armada sigue sin entregar información sobre las circunstancias de su muerte (el certificado de defunción, emitido por el Hospital Naval, dice que fue encontrado "en la vía pública"). Tampoco ha informado sobre el sitio de su entierro, que fue en una tumba individual y no en una fosa común como inicialmente se trató de hacer creer a los familiares de Miguel. En cuanto al gobierno de Chile, ha alabado a la Armada por su propuesta de realizar un acto simbólico de "desagravio" en la Esmeralda y no les ha pedido nada más.

En cuanto a los altos mandos responsables de la muerte de Miguel, en diciembre ultimo, cinco días después de haber aparecido en la prensa británica una referencia al Almirante (R) Guillermo Aldoney, éste concedió una entrevista a "La Segunda", rompiendo un silencia de 31 años. La parte introductoria de la entrevista dice lo siguiente:

"Jefe de la Primera Zona Naval (Valparaíso) el 11 de septiembre de 1973, estaba dispuesto a llevarse a la tumba lo que a estas alturas sólo él puede contar, pues por diversas razones quienes tenían altas responsabilidades de mando en la época no pueden relatar lo sucedido".

Fred Bennetts, esposo de Patricia Woodward, especula con que esas palabras representan un mensaje cuyo fin es recordar a otros antiguos mandos de la Armada la existencia de un pacto de silencio. Más específicamente, cree que podría ir dirigido al Almirante (R) Jorge Martínez Busch (actual Senador de la República) que en 1990, siendo Comandante en Jefe de la Armada, pudiera haber conseguido que se suprimiera el testimonio que el Almirante Aldoney dio a la Comisión Rettig. Una copia de dicho testimonio revelador emergió hace un año en los papeles presidenciales custodiados por la Corporación Justicia y Democracia .

Si la Corte de Apelaciones de Valparaíso no revoca la resolución de la Ministro Corti, Patricia Bennetts recurrirá al Tribunal Supremo. Además, Patricia y su marido quieren dar a conocer unos hechos, resultados de sus propias investigaciones, sobre otros casos de tortura y asesinato por la Armada en Valparaíso. Hace un año trataron, sin éxito, que la Ministro Corti actuara de oficio sobre sus denuncias a este respecto.

Tales hechos incluyen testimonio referente a que los marinos ocuparon un cementerio por las noches después del golpe y botaron cuerpos a una fosa común. A esa fosa, según testigos, acudían perros como "manadas de lobos" (según testimonios en autos), atraidos por los cuerpos. La cifra oficial de muertos y detenidos desaparecidos en Valparáiso suman 162 pero Fred Bennetts, que cita entre sus fuentes al Almirante Jorge Arancibia, cree que podrían haber sido muchos más.

Hay abiertas unas 20 querellas en la V Región presentadas por familiares de víctimas a pesar de los obstáculos que fueron puestos en su camino y muchos de ellos datan de hace varios años. En el caso de todas ellas la investigación es de la responsabilidad de la Ministro Corti, Ministro en Visita sin dedicación exclusiva, y, si nada lo impide, dentro de 6 meses, de acuerdo con la reciente "Orden" del Tribunal Supremo, todas se cerrarán.

Contacto: FRED BENNETTS (Tel. 32-615463)

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