A casi 30 años de la primera condena de la Asamblea General
de las Naciones Unidas por tortura en Chile, el Ministro
Alejandro Solís Muñoz, de la Corte de Apelaciones de Santiago
se contrapone a décadas de negligencia de algunos magistrados
y complicidad de otros con respecto a la práctica de tortura
durante la dictadura militar.
El primer auto de procesamiento por el delito de tortura
a 19 sobrevivientes de Tejas Verdes, fue dictado por Solís
el 7 de marzo de 2005. Este 17 de junio pasado el Ministro
Solís dictó un segundo auto de procesamiento, está vez,
por 23 sobrevivientes de Villa Grimaldi.
Ambos autos de procesamiento que dictó Solís detallan los
colgamientos, la aplicación de corriente eléctrica, los
golpes, las violaciones, la privación de sueño, y otras
prácticas subhumanas que fueron comúnmente ejercidas contra
los detenidos en los campos de concentración establecidos
después del golpe militar.
La Suprema se desentiende
Al conocerse la severa evaluación que hizo la Comisión Valech
al poder judicial, los jueces de la Corte Suprema negaron
cualquier responsabilidad institucional. Además algunos
magistrados, como también algunos personeros políticos que
colaboraron con la dictadura, afirmaron no haber conocido
la existencia de los hechos documentados en el Informe antes
de su publicación en diciembre 2004.
Sin embargo, múltiples ocasiones tuvieron para enterarse
que la tortura fue ejercida desde el primer día de la dictadura.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones
nacionales como el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad
detallaron la práctica de tortura en Chile. Al mismo tiempo,
recursos de amparo, incluso recursos de amparo masivos,
y denuncias por abusos sufridos mediante detención arbitraria
fueron interpuestos desde los primeros días de la intervención
militar.
La tortura como instrumento de control
A fines de septiembre y principios de octubre de 1973, el
abogado Andrés Aylwin, hermano del ex Presidente Patricio
Aylwin, interpuso los primeros recursos de amparo a favor
de personas arbitrariamente detenidas tales como dirigentes
campesinos, un comerciante de Paine y personas detenidas
en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea (AGA). De algunos
de ellos nunca más se supo, su detención fue negada por
las autoridades militares y civiles de la época para posteriormente
hacerlos desaparecer. De los sobrevivientes que volvieron
a sus casas, la mayoría no querían ningún contacto con un
abogado, permaneciendo mudos.
Don
Andrés afirma: "Uno deducía que estas personas
o eran testigos o ellas mismas habían sido muy golpeadas
hasta quedar aterradas. Mucha gente empieza a sentir más
miedo a la tortura que a la muerte. Había conciencia
de que si te tomaban preso ibas a sufrir tortura. Al principio
lo que las madres temían era que a sus hijos les
torturaran. Decían, No quiero que mi hijo vuelva
ciego, que mi hijo vuelva quebrado. Eso tú lo escuchabas
desde el primer día".
En
San Bernardo, donde Aylwin fue diputado hasta la clausura
del Parlamento por la Junta Militar, hubo muchas detenciones
de ferroviarios. El abogado se topaba con personas que le
decían, "Fulano de tal volvió a su casa hecho pedazos. Pero
no lo vayas a ver porque podría ser peor para él". Se temía
ser nuevamente detenido o amenazado si denunciaba lo que
le había pasado.
El
terror fue la primera expresión pública de la tortura. De
hecho, los verdugos de las dictaduras del mundo utilizan
la tortura como instrumento de control tanto para el individuo
cuyo cuerpo es objeto de tortura como para la sociedad.
Los sobrevivientes ponen en evidencia para los demás el
peligro que uno corre al oponerse al régimen, y así se asegura
una población sumisa. La tortura, entonces, constituyó una
piedra clave de la política estatal de terror de la dictadura
cuyo objetivo era dominar a la población chilena por medio
del miedo.
Conocimiento
de causa
Antes
de la creación del interreligioso Comité Pro Paz, Andrés
Aylwin empezó a tomar casos desde su pequeña oficina en
la calle Huérfanos, a media cuadra de los tribunales. Fue
una especie de oficina ad hoc del Comité Pro Paz, igual
que otros abogados que colaboraban con el esfuerzo ecuménico
para defender la vida y mitigar el sufrimiento. Varios jóvenes
abogados y egresados colaboraron, entre ellos Sergio Corvalán,
recién egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, quien posteriormente, trabajó muchos años en la
Vicaría de la Solidaridad. Por medio de esta oficina, impulsada
por la valentía de Andrés Aylwin, los jueces tuvieron conocimiento
de la práctica de tortura desde muy temprano.
Ya
en 1973 los ministros de la Corte de Apelaciones y la Corte
Suprema recibieron en sus despachos testimonios que daban
cuenta de la práctica de tortura. Tales testimonios llegaron
por los recursos de amparo que detallaban los abusos y por
los relatos proporcionados por testigos.
Cuando una persona era liberada, era muy importante su testimonio,
señala Corvalán, porque se pensaba que ese testimonio lograría
la liberación de otras personas detenidas. Estos testimonios
acompañaban al recurso de amparo. Como después los detenidos
permanecían detenidos, a veces por meses, volvían a contactarse
con el testigo, pidiendo que hiciera una declaración notarial.
Algunos notarios no querían recibir las declaraciones y
"hacían actos de amedrentamiento para disuadir" al declarante,
afirma Corvalán. No obstante, otros notarios tenían mejor
disposición para recibir a la gente de una manera que no
se asustara y que estuvieran dispuestos a firmar la declaración
para que constituyera un documento auténtico y fidedigno.
Dieciséis
años más tarde, en 1990, cuando Corvalán trabajara en la
Comisión de Verdad y Reconciliación se volvió a encontrar
con declaraciones notariales que él mismo ayudó a hacer
en 1974.
Cara a cara con la prueba
Sin embargo, los jueces de la Corte de Apelaciones donde
se presentaban los recursos quedaron inmutables. Recuerda
Corvalán que muchos ministros les decían, "Cómo va a ser
tanto?". Ante la negación de los jueces de lo que era voz
populi, la oficina de Aylwin, como posteriormente hizo también
el Comité Pro Paz, constató jurídicamente los hechos de
tortura.
Andrés
Aylwin llevó los primeros testimonios directos al Tribunal.
Más de una vez presentó personalmente ante la corte a personas
que habían sido torturadas para que el juez viera que el
peligro del cual se quiso evitar con el amparo era cierto.
Un caso particular fue el de una mujer campesina a quien
le habían quemado los pechos. Lo dejó tan choqueado que
se lo mostró al mismo Presidente de la Corte de Apelaciones.
En
enero de 1974 Andrés Aylwin alegaba en el proceso de la
desaparición de campesinos del sector de Paine en la Corte
Suprema. Comúnmente los abogados alegaban en la Corte de
Apelaciones que, contrario a lo que afirmaba el Ministro
del Interior, sí habían sido detenidas las personas desaparecidas.
Aunque procesalmente fuese posible, pocas veces se apelaba
ante la Corte Suprema porque se veía que era un esfuerzo
inútil. Como se habían juntado varios procesos, decidió
apelar ante la Corte Suprema y pidió que algunas víctimas
lo acompañaran para acreditar la detención. Cuando le tocó
alegar, se juntaron alrededor de 50 personas. Los ministros
"pudieron ver rostros de personas que habían sido testigos
de la detenciones y de los malos tratos al momento que fueron
arrestados."
Los
abogados, como Andrés Aylwin, también defendieron a personas
acusadas injustamente ante los Consejos de Guerra en 1973
y 1974, y a veces los fiscales militares permitían que entregara
un resumen de su defensa por escrito, a pesar que la mayoría
de estas audiencias eran orales. En más de una oportunidad,
Sergio Corvalán escuchó a abogados defensores relatar al
Consejo de Guerra que su defendido había sido torturado.
Bajo el Código Militar las confesiones obtenidas por medio
de tortura son inválidas. Aunque comúnmente a los abogados
se les daba muy poco tiempo para reunirse con su defendido,
las secuelas de tortura eran evidentes: un brazo malo, alguna
lesión o simplemente estaba terriblemente amenazado y se
notaba. Con frecuencia, el defendido era reacio a reconocer
que lo habían torturado y menos dispuesto a denunciar, ya
que permanecía preso.
Posteriormente, las defensas y escritos que presentaron
el Comité Pro Paz y sobretodo la Vicaría de la Solidaridad
ante la Justicia Militar incluían denuncias de "apremios
ilegítimos" o "violencia innecesaria", el eufemismo jurídico
para tortura. En algunos de estos casos la Corte Militar
abrió procesos por apremios ilegítimos pero, Corvalán no
conoce alguna investigación que haya culminado con condena
de un militar o torturador.
A
comienzos de 1974 el Comité Pro Paz elaboró una ficha que
llenaban los asistentes sociales y también los abogados
para recoger el testimonio de personas torturadas. Las fichas
formaban la base para informes a organismos internacionales
tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y Amnistía Internacional, que tenía especial interés en
documentar casos de tortura. Posteriormente, el Comité Pro
Paz, y después la Vicaría de la Solidaridad, presentaban
un informe a la Corte Suprema, pidiéndole tomar medidas
para impedir el mal trato a los detenidos.
Cuidando
la imagen
Entre el 22 de julio y el 2 de agosto de 1974, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su primera
visita en terreno para constatar los informes que recibía
sobre el atropello de los derechos humanos en Chile. La
delegación visitó siete recintos de detención en Santiago,
además de campos de concentración en Ritoque, Chacabuco,
Tejas Verdes, Linares, Isla Quiriquina, Talcahuano y Concepción.
En Santiago se instaló en el Hotel Crillon donde la delegación
tuvo "un constante desfile" de denunciantes, señala el informe
de su observación in loco. Posteriormente, la delegación
elaboró un informe para la Organización de Estados Americanos
(OEA) y dirigió una nota de preocupación a los gobernantes
militares.
El
informe señalaba nombres de personas que habían dado su
testimonio directo a la Comisión. Algunos de ellos lograron
salir de Chile y concurrieron a la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU para ratificar las declaraciones juradas
que se había remitido. El informe destaca que la Junta Militar
respondió con anuncios en la prensa entre agosto y septiembre
1974, que afirmaban que se había destituido a algunos integrantes
de la fuerza pública por habérseles comprobados su participación
en actos de tortura a personas detenidas, confirmando así
la veracidad de denuncias relativas a uno de los tipos de
ataques a derechos humanos más reiteradamente recibidos
por la Comisión.
En
una carta con fecha 22 de octubre de 1974, el Almirante
Patricio Carvajal, en su calidad de Ministro de Relaciones
Exteriores, responde a las denuncias de la delegación de
la CIDH. Asegura que, "el gobierno de Chile continúa trabajando
en el resguardo de la libertad de todos y cada uno de sus
habitantes y fiel al respeto de los derechos fundamentales,
incluso mas allá de lo que las convenciones o Pactos lo
obligan."
La
campaña comunicacional de la Junta Militar no logró
convencer ni acallar la crítica internacional. A
partir de 1974, todos los años hasta fines de los
1980s, las Naciones Unidas elaboraba un informe sobre el
estado de las violaciones de derechos humanos en Chile con
un capítulo dedicado al tema de la tortura, con relatos
detallados sobre casos de apremios.
Sergio
Corvalán señala, "Bastaba con que la Corte Suprema, si no
creía en el informe, hiciera una investigación para desvirtuarlo.
O mejor aún, que con ese informe se hiciera una acción para
proteger a las víctimas. No hizo ni lo uno ni lo otro. En
realidad no hizo nada".
El
1 de marzo de 1975, después de otra condena más de la ONU,
el propio Presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia
Manzano salió a la defensa del gobierno ad hoc militar:
"ÉEn cuanto a torturas y otras atrocidades puedo afirmar
que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro y cualquier
afirmación, al contrario, se debe a una prensa proselitista
de ideas que no pudieron prosperar en nuestra patria". Urrutia
restaba credibilidad a las denuncias internacionales, cuando
cuatro meses antes, le había constatado lo mismo una fuente
muy conocida y creíble para él: Andrés Aylwin, hijo de Miguel
Aylwin, presidente de la Corte Suprema desde 1957 a 1960.
Andrés
Aylwin tuvo acceso y familiaridad muy particular con los
ministros debido a que varios de ellos, cuando eran jóvenes
relatores, estuvieron en su casa visitando a su padre. Consternado
por las barbaridades que constataba, en noviembre 1974,
aproximadamente, Andrés Aylwin sostuvo conversaciones
privadas con varios ministros de la Corte de Apelaciones
y de la Corte Suprema conocidos por él. "Les conté
como ser humano, no como abogado, las cosas que yo estaba
viendo. Les pedí que hicieran algo porque estaban
deteniendo a personas que después estaban desaparecidas;
qué estaban torturando. Todo eso yo les dije. Ninguno
mostró sorpresa. M dijeron, Si esto es una guerra".
La
tortura se intensificó y se sistematizó. Los abogados de
derechos humanos continuaron presentando recursos de amparo
y denuncias y la Cortes de Apelaciones y Suprema continuaron
rechazándolos.
A
fines del 1980, la Asociación de Abogados Pro Derechos
Humanos solicitó a la Corte Suprema la designación
de un ministro en visita para investigar las denuncias de
tortura ejercida contra siete personas por la Central Nacional
de Informaciones (CNI). Se señala que desde enero
a agosto de 1980 los abogados habían recibido más
de 130 casos en que el detenido fue sometido a torturas.
La petición afirma: "por sus características
y por su repetición, parecen constituir una práctica
habitual de algunos servicios de seguridad del Estado. Junto
a esto pareciera que la población e incluso algunos
autoridades se están habituando a la existencia de
la tortura. Este fenómeno social de acostumbramiento
colectivo debe evitarse a todo costo, no sólo por
las víctimas de la tortura, sino que en bien de toda
la sociedad." Los abogados no sólo pedían
investigar los siete casos puntuales, también que
la Corte Suprema actuara para poner alto a las prácticas
inhumanas institucionalizadas por la dictadura militar.
No obstante, el máximo tribunal "no dio lugar" a
la solicitud de ministro en visita.
El marco jurídico sanciona el delito de tortura
Es importante recordar que los "apremio ilegítimos" eran
delitos en Chile al momento del Golpe militar. Bajo los
artículos 145 y 150 del Código de Justicia Militar sufrirán
penas de presidio los funcionarios que decretan o prolongan
la incomunicación, cuando un detenido es más vulnerable
a malos tratos, y a quienes aplican tormentos o usan un
rigor innecesario. El Código Penal en sus artículos 150
y 255 también tipifica como delito la tortura. Además, desde
los Estatutos del Tribunal de Nuremburg y los Convenios
de Ginebra, promulgados por Chile en 1950, la jurisprudencia
relacionada a la tortura establece su prohibición como principio
de ius cogens, una norma tan fundamental que ningún Estado
lo puede derogar.
Entonces,
no fue por falta de información.
Tampoco faltó el marco jurídico que codifique la tortura
como delito.
Ni faltó denuncias para que actuaran los tribunales.
Hubo una falta de cumplimiento de deberes.
Como
bien señala la Comisión Valech, se hubiese podido impedir
que se siguiera torturando en Chile. La responsabilidad
de la justicia chilena es que, pudiendo haberlo hecho, no
cumplió sus funciones.
Los
dos autos de procesamiento por torturas infligidas durante
la dictadura militar, dictados por el Ministro de Fuero
Alejandro Solís Muñoz en marzo y junio de 2005, son los
primeros en la historia del poder judicial. Si bien, en
la época más terrible de la dictadura, los Tribunales hicieron
oídos sordos a los gritos de auxilio de los detenidos y
negaron el ejercicio de la justicia al rechazar consecutivamente
los recursos de amparos interpuestos, quizás ahora, con
esta medida, se abra un nuevo camino procesal que permita
que la justicia, a pesar de tarde, llegue por fin para las
víctimas de tortura.
