Es
un honor para mí que los organizadores de este seminario,
el Instituto de Estudios Políticos de Washington.D.C. de
los Estados Unidos de norte América y Flacso chile me hayan
asignado la tarea de pronunciar las palabras de clausura
de este importante evento.
Para
tratar el tema "El caso Pinochet, lecciones de 30 años de
una lucha transnacional contra la impunidad" han concurrido
a este importante encuentro, personalidades pertenecientes
a organismos internacionales, académicos de universidades
de los Estados Unidos y de Chile, representantes de instituciones
no Gubernamentales Internacionales, agrupaciones de familiares
de las víctimas de la represión en Chile y activistas de
derechos humanos, todos con la misma vocación y quehacer
permanente: la lucha contra la impunidad de los crímenes
de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar
en Chile.
Las
presentaciones realizadas por cada uno de los participantes,
el intercambio de las experiencias vividas, la reflexión
de los hechos ilícitos ocurridos, el análisis de las normas
de derecho interno e internacionales que debieron ser respetadas
y él haber compartido el dolor y el daño sufrido por las
víctimas junto a la decisión inquebrantable de los familiares
por alcanzar la verdad, la justicia y la reparación de los
crímenes cometidos; nos han permitido avanzar en la definición
de las estrategias legales y de coordinación para robustecer
y ampliar en una proyección futura, el movimiento transnacional
contra la impunidad.
Permítaseme hacer algunas reflexiones sobre los temas específicos
tratados en el seminario.
En
relación con el primer panel destinado a analizar
el movimiento de Derechos Humanos dentro y fuera de Chile
quisiera destacar que ocurrido el golpe militar en nuestro
país, son los familiares de las víctimas las
que reclaman públicamente de las violaciones a los
derechos humanos. Fueron ellos los primeros en organizares
y acudieron a presentar sus demandas ante los tribunales
contando con la asesoría legal y de salud mental
del Comité de Cooperación para la Paz, organismo
ecuménico formado por varios credos religiosos. Posteriormente,
les respaldaron la Vicaría de la Solidaridad y demás
organizaciones de derechos humanos que van surgiendo como
el Fasic (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias
Cristianas) y el Codepu, (Comité de Defensa de los
Derechos del Pueblo).
Las víctimas presentan miles de recursos de amparo y otras
acciones legales ante loes tribunales de justicia, no obstante
conocer que el poder judicial, único poder del Estado que
Pinochet no tocó, se encontraba totalmente subordinado a
la Dictadura Militar. Sus derechos a la Verdad y a la Justicia
son denegados mediante resoluciones arbitrarias e ineficaces
pero logran contribuir con sus demandas, al establecimiento
de la Memoria Histórica Legal. Los antecedentes jurídicos
que recopilaron jugarían un rol importante en el
futuro, cuando jueces objetivos e imparciales cumplan la
tarea asignada por la ley: esclarecer los hechos, determinar
las responsabilidades de los victimarios y en obtener para
ellos, la sanción penal que corresponda.
Paralelamente,
va surgiendo un movimiento social, popular que expresa públicamente
a través de múltiples manifestaciones, su repudio a la Dictadura
Militar, demandando en su accionar, el respeto del derecho
a la vida, a la integridad física y denunciando la grave
la situación de tortura e incomunicación que enfrentan los
miles de prisioneros políticos existentes en todo el país.
En 1983, el movimiento social adquiere un carácter nacional
y masivo. Se llevan a cabo las llamadas Protestas Nacionales
que contribuyeron en forma decisiva en la apertura democrática
que se produce posteriormente.
Por
su parte, la comunidad internacional alarmada frente a las
denuncias de las permanentes violaciones a los derechos
humanos de los ciudadanos chilenos y extranjeros residentes
en nuestro país, reacciona en forma inmediata. La Organización
de Estados Americanos (OEA) a través de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, decide con fecha 14 de septiembre de
1973, tomando en consideración la petición de Amnistía Internacional
y de la Comisión Internacional de Juristas, emplear un procedimiento
especial para Chile. Esto consistía en la preparación
de Informes Especiales, en total cuatro, hasta el momento
que son suspendidos por la Asamblea General. Nuestro país
fue tratado dentro de los informes de actividades anuales.
Por su parte, las Naciones Unidas inicia los mecanismos
especiales de supervisión con el nombramiento en 1975, de
un grupo de trabajo ad hoc, a iniciativa de la Comisión
de Derechos Humanos. A contar de entonces hasta enero de
1990, mantiene el sistema de Relator Especial para Chile,
por cuanto la situación de Derechos Humanos existente no
experimenta la mejoría requerida.
Las
resoluciones mencionadas, así como otras, no fueron asumidas
por la Dictadura Militar aduciendo, fundamentalmente, que
ellas referían a situaciones internas del país y en consecuencia
debían ser resueltas por el propio estado. Esta postura
desconocía que "la preocupación internacional
por el respeto de los derechos humanos no puede oponer un
país miembro de las Naciones Unidas el principio de la no-intervención".
Este
estado de cosas implicó en Chile una transgresión a la obligación
internacional de respetar y promover los derechos humanos
contraído por él Estado chileno en diferentes tratados multilaterales.
Fue un atentado no sólo a la convivencia del país sino que
a la misma comunidad internacional. De acuerdo a la carta
de la ONU, estas violaciones configuran también una amenaza
para la seguridad de los estados.
Pero
no solamente la ONU y la OEA formularon insistentes pronunciamientos
rechazando la Dictadura Militar Chilena. También lo hicieron
diferentes tribunales de opinión, tales como el Tribunal
Russell II sobre las Dictaduras Militares de Brasil y Chile;
el Tribunal Permanente de los Pueblos, en la sesión deliberante
celebrada en Bogotá, Colombia en abril de 1991, que se abocó
a examinar la impunidad en América Latina incluyendo el
caso de Chile. Igual situación fue examinada en el Seminario
Internacional sobre la impunidad y sus efectos en los procesos
democráticos, realizado en Santiago de Chile, en diciembre
de 1996. Por otra parte, parlamentos de gobiernos democráticos
europeos y latinoamericanos, representantes de autoridades
estatales, altas personalidades internacionales, y organismos
de derechos humanos expresaron su rechazo y preocupación
por la situación Chilena.
La
condena mundial respecto a la Dictadura Militar se profundizó
al conocerse tres acciones de terrorismo de estado cometidos
por la DINA, la policía de seguridad dependiente directamente
del General Pinochet, planificadas en Chile pero cometidas
en países extranjeros: el asesinato del General Carlos Prats,
ex Comandante en Jefe del Ejercito y su esposa, llevado
a cabo en Buenos Aires, argentina, el 30 de septiembre de
1974; el homicidio frustrado de Bernardo Leighton, ex vicepresidente
de la República y su señora, hecho criminal realizado en
Roma, Italia en 1975; y el asesinato de Orlando Letelier,
ocurrido el 21 de septiembre de 2976 en la Capital de los
EE.UU, Washington D.C.
La
conducta ilícita de Pinochet afectó no sólo a ciudadanos
chilenos, sino también a numerosos extranjeros, causando
la muerte de Charles Horman, Frank Terruggi, Boris Wesfeiler,
ciudadanos de los EE.UU, de los sacerdotes españoles Antonio
Llidó y Joan Alsina y varios latinoamericanos.
A
partir de 1990, durante los gobiernos elegidos democráticamente
ocurren dos hechos que concitan el interés mundial. Primer,
la Audiencia Nacional de España, en 1996 acusa al General
Pinochet, a los miembros de la Junta Militar y a otros funcionarios
militares y civiles del gobierno militar, por los delitos
de genocidio, terrorismo y tortura en el cual se hacen parte
querellante más de 3000 chilenos. El segundo hecho lo constituye
la detención de Pinochet en Londres,solicitada por el Juez
Baltasar Garzon. Esto da lugar al juicio que él debió enfrentar
ante la Justicia Británica, la cual si bien finalmente acoge
la extradición a España, termina por autorizar el regreso
a Chile del ex dictador. El Ministro del Interior Británico
Jack Straw tomó una decisión política, basada en
supuestas razones humanitarias, acogiendo así la solicitud
hecha por el Gobierno de Chile, presidido por don Eduardo
Frei. El proceso en Londres, durante el cual permanece en
calidad de detenido Pinochet, durante 504 días. Genera el
interés mundial y el apoyo mayoritario a la Jurisdicción
Internacional respecto a los crímenes de lesa humanidad
cometidos. Durante el curso de este proceso jugó un rol
muy significativo Amnistía Internacional.
A su regreso a Chile, Pinochet debió enfrentar mas de 500
querellas presentadas ante los tribunales chilenos. La Corte
Suprema acoge el desafuero de su calidad de Senador Vitalicio,
decisión que permite someterlo a proceso por la causa Caravana
de la Muerte. Después de un largo y complejo juicio criminal,
finaliza con la aplicación de una eximente de responsabilidad
basada en su calidad de loco o demente la que es reconocida
por una de las Salas de la Corte Suprema. Así evita
su enjuiciamiento por los delitos que causaron la muerte
de 78 personas. Se pretende con ello asegurarle la impunidad
de sus crímenes, lo que nuevamente hace surgir la idea que
hubo un pacto tácito o explícito entre la Concertación de
los Partidos de Gobierno y el Poder Militar el que habría
sido acordado al inicio de la Concertación.
Dos
nuevas solicitudes de desafuero de Pinochet en otras causas
han sido denegadas, basándose la Corte Suprema en su decisión
primitiva. No obstante lo anteriormente expresado, podemos
sostener que el camino del desafuero no está totalmente
cerrado. En la causa criminal de Eugenio Berrios Sagredo,
ex agente civil de la DINA, que fabricaba el gas sarin y
otros elementos químicos, la Corte de Apelaciones sugirió
al Juez instructor la petición del desafuero de Pinochet
la cual se encuentra en estudio por el juez. Además, cabe
señalar que los Gobiernos de Alemania, Bélgica, Francia
y otros paises tienen en curso trámites pendientes en juicios
contra Pinochet.
Por
otra parte, en el juicio que lleva adelante autoridades
argentinas por los actos terroristas de carácter internacional
cometidos contra el General Prats y señora. Si bien
la Corte Suprema denegó la extradición de Pinochet a ese
país para ser juzgado, sí resolvió su procesamiento en Chile,
el cual está en curso.
Todo
lo cual nos alienta. Es intolerable que el principal responsable
de los crímenes cometidos durante la dictadura militar permanezca
en total impunidad en circunstancia que los actos perpetrados
por los agentes del estado durante la Dictadura Militar
tiene un doble carácter. Son a su vez crímenes o delitos
frente al Derecho Interno y actos atroces que constituyen
transgresiones al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, constituyendo una obligación del estado sancionarlos.
Son delitos que atentan contra la conciencia de la humanidad,
son Crímenes Internacionales, en consecuencia, son inamnistiables
e imprescriptibles.
¿Qué
nos ha enseñado la lucha por la promoción y defensa de los
Derechos Humanos durante estos 30 años?
Primero:
El conocimiento de la Doctrina de los Derechos Humanos,
lo tuvimos que hacer, así como tantos otros abogados, mientras
ejercíamos nuestra tarea de asesores legales. Aprendimos
desde la practica, ejerciendo la defensa de la vida, motivados
por el rechazo al horror y nuestra voluntad de ayudar al
más perseguido. Es decir, luchamos por los Derechos Humanos
sin tener una teoría y doctrina acabada, ésta la fuimos
conociendo y reelaborado después.
Segundo:
A pesar de tener conciencia que los tribunales ordinarios
y militares estaban subordinados al Poder Militar, recurrimos
a ellos, para exigir justicia. No la tuvimos, pero mediante
nuestros actos, sí logramos mantener la memoria histórica
y jurídica de los crímenes de esa humanidad cometidos.
Tercero:
Nuestro quehacer no estuvo exclusivamente encuadrado en
la lucha estrictamente jurídica. Estuvo ligada a las luchas
sociales y populares de terminar con la Dictadura y dar
lugar a un sistema Democrático.
Cuarto:
Al involucrarnos con la Doctrina Internacional de los Derechos
Humanos, nos convencimos del valor de la Jurisdicción Universal
sobre las Jurisdicciones Nacionales cuando estas no logran
la Justicia. Es por ello, que en nuestro país, las víctimas
concurrimos mayoritariamente a hacernos parte en el proceso
Español. Confiamos que la Justicia Internacional lograra
lo que nos fue negado por los tribunales nacionales en nuestro
país. Aprendimos que la lucha por los Derechos Humanos,
además de su espacio nacional, tenía una importante dimensión
transnacional.
Quinto:
Comprendimos así mismo, la necesidad de levantar con fuerza
la integralidad o unidad de los Derechos Humanos. Es decir,
ellos comprenden no sólo los derechos civiles, sino también
los económicos, sociales, culturales y del medio ambiente,
y que estos son inter-dependientes. Lo que nos hizo entender,
que las violaciones de los Derechos Humanos, no solo se
llevan a cabo por medio de la represión bajo los regímenes
dictatoriales, sino que también a través del establecimiento
del modelo neoliberal de acumulación capitalista, que en
mi país fue impuesto por Augusto Pinochet y los Chicago
Boys.
Pero
quizás, la enseñanza fundamental fue la siguiente: Fueron
y han sido las víctimas, y no el Estado o los sistemas políticos,
quienes han encabezado la lucha por los derechos humanos
en el continente. Ante los legítimos reclamos por la Verdad
y la Justicia, los Estados han respondido con políticas
pragmáticas, gestuales, simbólicas, impuestas por los victimarios,
haciéndose así el estado, por lo menos inicialmente, cómplice
de la impunidad. Siempre fueron, y hoy continúan siendo,
las víctimas, los sujetos de esta lucha. Ni el Estado chileno,
ni los estados latinoamericanos, han encabezado la reivindicación
por la verdad y la justicia plena.
En
relación con los Gobiernos elegidos democráticamente el
movimiento de Derechos Humanos sostiene que:
La democracia alcanzada después de la dictadura militar
es una democracia incompleta, restringida, tutelada por
el poder militar y otros poderes fácticos, ya que
nuestro actual sistema político ha mantenido enclaves
autoritarios y no han sido removidos. No se ha dado cumplimiento
al Programa de la Concertación dado a conocer al
pueblo chileno, en el inicio de su primer Gobierno Democrático.
En ese momento se estableció que la Concertación
propiciaría la aprobación de una nueva constitución
que reemplazaría la constitución antidemocrática
dictada por Pinochet en 1980. Esta nueva constitución
nacería de una asamblea constituyente que recogería
las reivindicaciones de todos los sectores sociales del
país. Permanecen en la Constitución disposiciones
antidemocráticas entre ellas, las que reconocen el
Consejo de Seguridad Nacional y la existencia de los senadores
vitalicios.
En
dicho programa se expresó el compromiso de lograr la Verdad
y la Justicia para todos los casos de violaciones de derechos
humanos. El Estado no ha cumplido con el rol que le corresponde,
dejando todo el peso de obtener verdad y justicia en los
familiares de las víctimas. Tampoco se ha anulado la ley
de amnistía, principal mecanismo de la impunidad, la cual
permanece como una norma vigente dentro de la normativa
nacional y por lo tanto con el eventual riesgo de su aplicación.
Asimismo permanece la Ley Binominal de Elecciones que por
su reglamentación impide que los partidos minoritarios reconocidos
por la ley puedan alcanzar un cargo parlamentario, lo que
es antidemocrático.
La
experiencia acumulada por el movimiento de derechos humanos
en el continente, nos da algunas orientaciones en la construcción
de una autentica democracia. Los pueblos tiene que ser los
protagonistas de su propia historia; la soberanía popular
debe ser ampliamente reconocida y ejercida por los miembros
de la sociedad transformándola en una democracia efectivamente
participativa; en que el respeto de todos los Derechos Humanos
contemplados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y demás instrumentos Internacionales, surja como
un marco ético, respecto de todas las sociedades latinoamericanas
y en la cual se respete una verdadera igualdad social, la
cual es negada por el sistema socioeconómico vigente.
Si
miramos nuestra región, y tenemos presente el último informe
de la CEPAL con verdadera angustia, rebeldía y desconcierto
podemos constatar, que hace décadas atras, América Latina
era reconocido como el "continente de la esperanza." Es
hoy un mundo donde la pobreza alcanza con sus efectos demoledores
a más de 200 millones de personas. Para hacer realidad la
construcción de la democracia latinoamericana futura, el
principio de la solidaridad entre los pueblos deberá reforzarse.
En el cumplimiento de este desafío el movimiento transnacional
de Derechos Humanos tiene un importante rol que cumplir.
