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Madrid,
1 de marzo de 2005
Comunicado
de prensa
De:
Equipo director de la acusación particular y popular
en el proceso a Pinochet y otros ante la Audiencia Nacional
de España por genocidio, terrorismo, torturas, alzamiento
de bienes y lavado de dinero.
Tema: Ejecución del Auto del Juzgado Central de Instrucción
n 5 de 25 de febrero de 2005, que aprueba la aportación
de ocho millones de US$ (8.000.000) al Fondo de Pensiones
de las víctimas.
La Fundación española Presidente Allende ha entregado la
siguiente información:
1.La acusación en el proceso a Pinochet está
exigiendo las oportunas responsabilidades legales a las personas,
físicas y jurídicas, que han colaborado en ocultar
y blanquear capitales de aquel, burlando el embargo cautelarmente
dispuesto en el Auto de 19 de octubre de 1998 para responder
de la responsabilidad civil por actos de genocidio, terrorismo
y torturas. La cuantía de ésta ha sido establecida,
de modo provisional, en 1.445.530.116 euros (Auto de 25-02-2005);
2.La información documental que se obtenga en cumplimiento
del acuerdo con el Riggs Bank será estudiada durante los meses
de marzo y abril. También lo será la reunida en cumplimiento
de las diligencias en curso en varios países, sometidas al
secreto del Sumario que se instruye en España;
3. Se exigirán responsabilidades legales a quienes
hubieren participado, o estén participando, en el alzamiento
de los bienes. Las compensaciones económicas que por
este concepto se obtengan incrementarán el Fondo de
Pensiones de las víctimas. La base de partida de éste
hoy es conocida, ocho millones (8.000.000) de US$; su cuantía
última resultará del proceso en curso, dentro
del citado límite de 1.445.530.116 euros;
4. La gestión del Fondo será confiada a una
entidad financiera de primer orden. Su identidad se conocerá
cuando el Riggs Bank transfiera los fondos a la Fundación
española Presidente Allende, previsiblemente dentro
del presente mes de marzo. Del desarrollo de la gestión
se rendirá informe la autoridad judicial competente
y a los beneficiarios;
5. La relación de víctimas con derecho a la rentabilidad que
producirá el Fondo, reconocida por el Tribunal español, está
disponible en CLARíN (http://www.elclarin.cl)
, sección Caso Pinochet. Incluye también a todos los sobrevivientes
de torturas por motivos políticos identificados por la Comisión
Valech;
6.
Quienes figuren en dicha relación y postulen a dichos
beneficios pueden escribir a la Fundación Presidente
Allende, calle Alfonso XII num. 18, Madrid 28014, España,
o al buzón electrónico [email protected]
. Deben acompañar una copia legalizada de su Cédula
Nacional de Identidad;
7.
Las víctimas de torturas, de desaparecidos o de asesinatos
por motivos políticos que no figuren en los citados listados
(publicados en CLARíN) pueden solicitar, motivadamente, acceder
a los beneficios del Fondo. El fundamento de su postulación
será oportunamente estudiado, y resuelto, por una Comisión
cualificada que, habilitada por el Auto de 25-02-2005, creará
la Fundación durante los próximos meses. Su composición será
hecha pública oportunamente. Entre sus misiones figura la
de asignar la participación que corresponda en caso de pluralidad
de reclamantes en relación con una persona asesinada o detenida-desaparecida,
según el orden de prelación que corresponda;
8.
No hay plazo preclusivo para solicitar acogerse a los beneficios
del Fondo. Los beneficiarios que, habida cuenta de los recursos
limitados con que se inicia el Fondo, se abstuvieran ahora
de postular al mismo por entender que otros beneficiarios
necesitan más la ayuda, Ępodrán optar a solicitar
los beneficios en fecha ulterior;
9.
Para marzo de 2006 está prevista la primera distribución
de los intereses anuales del Fondo entre quienes, teniendo
derecho a los mismos por estar en los citados listados o haber
sido reconocidos por la Comisión calificadora lo hubieren
solicitado a la Fundación española Presidente
Allende;
10.
El pago de los intereses tendrá lugar en conformidad con lo
convenido con el Riggs Bank y los porcentajes establecidos
en el Auto de 25/02/2005 del Juzgado Central de Instrucción
n 5 de la Audiencia Nacional de España. Es decir, el 40 porciento
del total de los intereses entre quienes ya perciben una pensión
del Estado de Chile en calidad de víctimas de ejecuciones,
desapariciones o torturas por motivos políticos, y el restante
60% entre quienes no reciban tal pensión.
Más
información en CLARIN (www.elclarin.cl)
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