1. La Comisión ética Contra la Tortura (CECT), creada en marzo de 2001 para coordinar los esfuerzos de diversas organizaciones y activistas de derechos humanos en pos de verdad, justicia y reparación integral para los sobrevivientes de la tortura y sus familias, hoy conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instaurado por la ONU.

2. La conciencia de la humanidad ha constatado que la tortura se practica para excluir de todo ámbito de participación y reprimir la voluntad de cambio político, económico, social y cultural de los sectores pobres y conscientes de la sociedad. La tortura, implementada en forma sistemática en los países en que se ejerce este flagelo, promueve la existencia de sistemas políticos represivos y facilita las inversiones de capital nacional y foráneo.

3. Chile no es una excepción, y así lo demuestra el cinismo de quienes justifican la tortura y los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y policiales, aduciendo que "sin dureza no habría progreso económico". La actual institucionalidad y el sistema económico imperante, se impusieron a través de la violencia sistemática de la dictadura militar. La tortura, la represión, la desaparición forzada de personas no fueron accidentes históricos ni el resultado de faltas individuales de los agentes del Estado, sino la aplicación de un proyecto de desarrollo capitalista excluyente y autoritario. No se puede continuar aceptando explicaciones falaces para ocultar la responsabilidad de los ejecutores y autores intelectuales y políticos de los crímenes cometidos durante la dictadura militar, ni para justificar a quienes se enriquecieron apoderándose de manera espuria de las riquezas del país.

4. Es un deber de la Comisión ética Contra la Tortura (CECT) exigir de las autoridades gubernamentales el término de la impunidad que hasta hoy ampara a los violadores de derechos humanos, así como también el cese de la represión que se ejerce sistemáticamente contra todos los sectores sociales que se movilizan por sus justas demandas. Es por ello que hoy, 26 de junio, ratificamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia rindiendo un homenaje a todas las víctimas de la dictadura militar. Mención especial nos merece el Presidente Salvador Allende Gossens, quien consagró su vida a la búsqueda de la plena integración y realización de los derechos humanos, jurídicos, civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de los chilenos.

5. Asimismo, nos preocupa el creciente nivel de represión que se ejerce sobre las organizaciones sociales que se movilizan por sus demandas. Ello nos motiva a entregar a la Presidente Bachelet un Informe sobre los recientes actos de tortura y violaciones a los derechos humanos y reiteramos nuestra demanda de implementar un conjunto de medidas que, a nuestro juicio, constituyen efectivas herramientas contra la impunidad y en favor de los derechos humanos.

6. La Comisión ética Contra la Tortura (CECT) manifiestan una vez más su inalienable compromiso con la Verdad y la Justicia; por ello, postulamos como un deber ético y jurídico, eliminar legislativamente la cláusula que impide, por un lapso de 50 años, el acceso de los tribunales de justicia a las imputaciones concretas de delitos de tortura denunciados ante la Comisión Valech, silencio que consagra la impunidad para los hechores, y, exigimos, al unísono con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales: el fin del Decreto Ley de auto-amnistía; la destitución de los violadores de derechos humanos designados en cargos oficiales. Exigimos el establecimiento de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución; la instauración de una instancia no gubernamental de Derechos Humanos, ajena a una nueva mascarada de punto final; el término de la �guerra preventiva interna� contra las manifestaciones públicas; el cese inmediato de la represión, la tortura a los presos políticos mapuches y las violaciones a la libertad de expresión y de movimiento que hoy mantiene encarcelada, entre otros, a la cineasta Elena Varela. Exigimos el reconocimiento del pueblo-nación mapuche, hoy bajo asedio militar y económico; la ratificación y el cumplimiento, por el Estado chileno, de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y pueblos originarios; la reapertura inmediata e indefinida de una instancia abierta a todas las personas cuyos derechos humanos, tanto ayer como hoy, hayan sido vulnerados; exigimos, asimismo, el término del exilio y el extrañamiento para cientos de chilenos que combatieron la dictadura y que aún no pueden retornar al país; por último, y para avanzar hacia el establecimiento de un verdadero estado de derecho, exigimos la supresión absoluta de la justicia militar como rama orgánica jurisdiccional y la derogación de la ley antiterrorista.

7. La democracia y la justicia constituyen las bases fundamentales de una convivencia civilizada, de una sociedad donde todos y cada cual respeta los derechos fundamentales que son universales, inalienables, anteriores y superiores al Estado y al poder económico, al ser consustanciales a la dignidad de las personas.

8. Por todo lo antes señalado, es nuestra convicción que el restablecimiento de la convivencia social sobre sólidas bases éticas requiere -entre otros elementos- de una total reversión de las políticas de impunidad promovidas se promueven desde el Estado desde hace más de treinta años.

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