Ante la Entrega del Informe al Presidente Lagos

Santiago de Chile
10 de noviembre 2004

La Comisión Etica Contra la Tortura (CECT), declara que:

1. Valoramos que el Presidente de la República haciéndose eco de los planteamientos y trabajos propuestos por la Comisión Etica Contra la Tortura haya constituido en noviembre del 2003, la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

2. La Comisión Gubernamental finaliza su trabajo entregando un Informe al Presidente de la República hoy 10 de noviembre. Día que marca el inicio del reconocimiento político - social de una de las violaciones a los derechos humanos más masivas de la historia patria. Por ello, nos sentimos dando los primeros pasos en el lugar que ocupa de la VERDAD HISTORICA que nos tocó vivir.

3. Valoramos que se identifique a todos los centros de reclusión y tortura que operaron en Chile, pero quisiéramos que los nombres de los encargados y miembros de dichos centros sean nombrados públicamente? Se habla de aproximadamente 1.200 centros de reclusión y tortura operando entre 1973 y 1990. Si hacemos una proyección de carácter mínimo, podríamos suponer -sin temor a estar tan desfasados de la realidad-, que dichos centros deberían tener, a los menos, 3 agentes del Estado asignados como sus responsables, sin contar la constitución de los equipos operativos; ello significa que más de 3.600 torturadores deben ser puestos a disposición de los tribunales de justicia.

4. Los resultados del Informe nos muestra que este flagelo habría sido impracticable sin una decisión de Estado, donde un considerable número de actores juegan su rol: los aparatos de seguridad y el Ministerio del Interior para detener y recluir ilegalmente; los tribunales civiles y militares que encarcelaron y condenaron con "confesiones obtenidas bajo torturas"; los medios de comunicación de masas que olvidando su rol ético y social pusieron su saber y técnica al servicio de la política represiva omitiendo o tergiversando los hechos; lo mismo ocurrió con profesionales que actuaron en los aparatos de seguridad: médicos, dentistas, abogados, entre otros. El empresariado que sustentó con recursos financieros y materiales la tortura y los centros ilegales de reclusión.

5. Todo ello, reafirma una vez más nuestro planteamiento y el de miles de personas que desde hace más de 30 años vienen repitiendo: NO HAY RAZON POLíTICA Y NINGUNA RAZON DE ESTADO ES SUFICIENTEMENTE VALIDA PARA VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS.

6. Los métodos utilizados en la tortura por las Fuerzas Armadas en Chile tenían como objetivo someter, destruir y controlar a toda la población y sus organizaciones sociales, dejando secuelas que afectan hasta nuestros días a toda la sociedad chilena . Por ello, urge instalar medidas reparatorias justas y adecuadas para todos los directamente afectados.

7. Finalmente, esperamos que el Gobierno del Presidente Lagos se proponga con este Informe, asumir integralmente la solución al conjunto de violaciones que a los derechos humanos se han realizado en nuestro país. Hoy, se está ante la posibilidad histórica de terminar con la impunidad y de una buena vez, democratizar nuestra sociedad dejando aflorar TODA LA VERDAD, realizando TODA LA JUSTICIA y cumplir con los compromisos internacionales contraídos por Chile en materia de Derechos Humanos.

Por todo ello demandamos:
a) Hacer público TODO el Informe, porque Chile tiene derecho a saber la VERDAD.

b) Declarar el 26 de junio, Día Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura en Chile

c) Terminar con los contratos en la Administración del Estado de los torturadores.

d) Acoger todos los casos de tortura y no sólo la tortura acompañada de prisión política.

e) Reestructurar y democratizar las Fuerzas Armadas.

f) Lograr que el Informe de la Comisión Prisión Política y Tortura forme parte de los Archivos de la UNESCO declarados Patrimonio de la Humanidad.

g) Incorporar dicho Informe al currículo escolar para todas las instituciones de enseñanza del país.

h) Término de las pensiones que por actos de guerra tienen los agentes del Estado que conformaban los servicios de seguridad.

i) Aplicación de la normativa internacional en cuanto a reparación se refiere, para los torturados.

j) Integración a la legislación nacional de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y, firma del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y ratificación por parte del Estado chileno del Estatuto de Roma.

k) Acoger las resoluciones que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas plateó a Chile: derogación de la Ley de Amnistía, investigación jurídica de los casos de tortura, reparación justa y adecuada para las personas que han sido objeto de un acto de tortura.

l) Promulgar una ley de Reparación Integral que considere los aspectos sociales, médicos, jurídicos, morales y materiales. En este sentido nos asiste la convicción que el Presidente de la República adoptará las medidas que las víctimas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos hemos demandado, en concordancia con los derechos que consagra la Convención Internacional Contra la Tortura, en su artículo 14.

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