25 de agosto 2004
Por Memoria y Justicia

En una votación dividida, esta mañana la Corte Suprema de Chile confirmó el desafuero de Augusto Pinochet, abriendo la vía para que el ex dictador enfrente el juicio por veinte casos de secuestro calificado y otros delitos bajo la égida de Operación Condor.

En mayo la Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que existía "más que sospechas fundadas" de la participación de Augusto Pinochet como autor intelectual del secuestro califiado, asociación ilícita y tortura de chilenos en colaboración con otros países del Cono Sur en a mediados de los 70s, una coordinación represiva conocida como Operación Cóndor. Hoy la Corte Suprema en votación de 9-8 confirmó esa sentencia.

En 2000 la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó a Pinochet de su inmunidad como senador vitalicio debido a su papel de autor intelectual de los crímenes de la Caravana de la Muerte. La Corte Suprema confirmó el fallo pero en seguida impedió que se procesara a Pinochet al sostener que no podía enfrentar juicio por su estado de dementia. Sin embargo el desafuero regía solo para el caso Caravana de la Muerte. Posteriormente, la Corte de Apelaciones negó desaforarlo en el caso por los asesinatos de los dirigentes del Partido Comunista, conocido como Calle Conferencia, y por el asesinato del general Carlos Prats. El alegato de las condiciones de salud fue determinante en ambos casos.

La diferencia fundamental, según los abogados querellantes, fue el cambio de enfoque de los alegatos en caso Operación Condor. Los abogados querellantes dejaron al lado el tema de las condiciones de salud, recordando a la Corte que el único asunto que correspondía en esta etapa se refería a la existencia de sospechas fundadas para procesarlo.

A pesar del favorable fallo de la corte de alzada, aún está lejos de asegurarse el procesamiento de Pinochet. Al confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones, cuatro ministros de la Corte Suprema sugerieron que el Ministro Juan Guzmán pida los examenes médicos pertinentes antes de resolver la situación procesal. Un grupo de abogados de derechos humanos se citó con el juez para pedir que procediera con las declaraciones indagatorios previos al procesamiento.

El abogado defensor Ambrosio Rodriquez abrió la audiencia alegando la cosa juzgada. Argumentó que corresponde a la misma causa que Caravana de la Muerte, por lo tanto no se puede seguir procesando su cliente que fue sobreseído. Reconoció la existencia de Operación Condor, lo cual comparó a un Interpol para combatir el terrrorismo, pero sostuvo que Pinochet no tuvo conocimiento de su accionar, ya que ningún jefe de estado "puede conocer todos los oficios que escribe y emite un Ministro." Según el abogado, tampoco estuvo Pinochet en posición de impedir delitos que se hayan cometido, como señala el fallo de la Corte de Apelaciones. Como prueba de la incapacidad mental de su cliente, señala una carta de una periodista de Miami que indicó que a Pinochet le costaba mantener la atención durante su entrevista con ella.

Durante las maratónicas horas de alegatos, el equipo de abogados querellantes compuesto por Francisco Bravo, Eduardo Contreras, Hiram Villagra, Sergio Concha, Juan Pavin, Juan Subercaseaux y Hugo Gutierrez respondió a la defensa. Cosa juzgada es inaplicable, sostuvieron, porque Caravana de la Muerte y Operación Condor no son una sola causa. Los hechos son distintos y no tienen nada en común más allá del querellado.

Francisco Bravo alcaró que la Corte de Apelaciones desaforó a Pinochet no en su calidad de presidente sino como jefe máximo de la DINA. Tanto Manuel Contreras, director de la DINA , como Marcelo Moren Brito han dicho que "hicieron no más ni menos lo que les ordenó Pinochet". Sergio Concha explicó que el "brazo operativo de Operación Condor siempre fue DINA", mientras Hugo Gutierrez sostuvo que Pinochet tuvo conocimiento del accionar de Cóndor porque él fue su autor intelectual. Por su parte, Hiram Villagra hizo recordar el viaje que en las semanas posterior al golpe Pinochet realizó a Argentina y Paraguay que formó la base para lo que se formalizara posteriormente como Operación Condor.

El abogado Subercaseaux concluyó sus alegatos planteando la siguiente pregunta: "En Chile está en juego qué le vamos a enseñar a las nuevas generaciones. ¿Le vamos a enseñar que se puede torturar a 200,000 personas? ¿Le vamos a enseñar que se puede matar a 3000 personas y no pasa nada?"

Que los ministros de la Corte Suprema hayan abierto la posibilidad de procesar al individuo considerado intocable durante tantos años sugiere la posibilidad que a las nuevas generaciones se les enseñen que en Chile nadie está encima de la ley.

Pero, dadas las pruebas evidentes que Pinochet nunca estuvo demente y que el fallo anterior de la Corte Suprema no había sido sino "un salvavidas" de impunidad, la lección que aprendemos podría ser otra: que la independencia del Poder Judicial en relación a las violaciones de derechos humanos es bastante frágil.

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