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DECLARACION
PUBLICA DE LAS AGRUPACIONES DE FAMILIARES
DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS
Santiago,
24 de mayo de 2003.
En el
día de hoy, nos hemos reunido las Agrupaciones de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos,
existentes a lo largo del país, para analizar y definir
nuestra posición respecto a la "Propuesta de la Unión
Demócrata Independiente".
I. LAS
VICTIMAS
Los detenidos
desaparecidos y los ejecutados políticos son víctimas
de crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes
del Estado chileno, durante la dictadura militar. Tales crímenes
son imprescriptibles e inamnistiables y gozan de jurisdicción
universal. En consecuencia, las víctimas y nosotros,
sus familiares, somos sujetos de derechos irrenunciables.
Más aún, el Estado democrático tiene
la obligación legal, moral y política, además
de humanitaria, de perseguir las responsabilidades penales
por tales crímenes, así como "reparar" adecuadamente
el daño causado en sus diversas áreas.
II. LA
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
Como en
una bien montada obra teatral, la UDI mantiene en suspenso
al país respecto de su anunciada propuesta para dar
"solución al drama de los familiares". Repugna, indigna
y por sobre todo ofende la conciencia colectiva, que este
de Partido -refugio de violadores de derechos humanos, de
ideólogos y responsables políticos de tales
delitos- hoy emerjan como los cándidos y humanitarios
receptores de las demandas insatisfechas de ciertos familiares.
Es natural,
tratándose de la UDI, para quien todo es objeto de
transacción mercantil. Insisten en creer y actuar como
si todo se pudiera comprar y vender. Aspiran a privatizar
también el tema de los derechos humanos y no trepidan
en intentar sacar dividendos políticos del dolor de
los familiares de las víctimas de un drama, del cual
ellos fueron artífices directos y son responsables.
Utilizan un problema real, no resuelto aún, entre otras
causas, porque ellos mismos han apostado desde siempre a lograr
la impunidad. Se equivocaron una vez más.
No lograrán
engañarnos con este verdadero reality show, que intentan
montar entre víctimas y victimarios. Jamás lograrán
comprar la dignidad de nuestros familiares ni la nuestra.
Les recomendamos que entreguen los nombres de los victimarios
a los Tribunales de Justicia; no hacerlo les coloca en una
situación de encubridores o cómplices, y eso
es delito sancionable.
III. A
LOS FAMILIARES QUE HAN RECURRIDO A LA UDI
No los
juzgamos, todos somos familiares directos de las víctimas.
Comprendemos la desesperanza que evidencian, también
es la nuestra. Compartimos un dolor inmenso, indescriptible
y no cuantificable. Lamentamos, seguramente igual que ustedes,
la frustración acumulada al cabo de casi 30 años
de haber perdido a nuestros seres amados. Conocemos las carencias
por las que han pasado, porque también las hemos vivido.
Respetamos las diversas opciones personales. Sin embargo,
sinceramente, debemos reconocer que los caminos que transitamos
son distintos, y eso nos duele. El camino por ustedes elegido
no es próspero y la frustración será
aún mayor, la verdad no la van a obtener sentados a
la mesa, frente a los asesinos. Efectivamente, la reparación
es un derecho que nos asiste y que debemos ejercer, pero para
ello no es necesario renunciar a la justicia. Los aliados
que buscaron son precisamente quienes aplaudieron y brindaron
por el Golpe de Estado, los que vestidos de civil o tras un
uniforme secuestraron a los nuestros para hacerlos desaparecer
o ejecutar.
IV. ¿POR
QUE TODO ESTO?
Porque
efectivamente al cabo de 30 años, este país
no ha resuelto el tema de la verdad y la justicia para las
víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Porque
iniciada la transición democrática, los gobiernos
de la Concertación no han tenido la voluntad política
necesaria para enfrentar este tema y tampoco han tenido el
coraje para decirle al país, con transparencia, cuáles
fueron los acuerdos secretos que supuestamente obstaculizan
el ejercicio de la justicia.
Porque
durante largos años, en dictadura y en democracia,
los Tribunales no cumplieron con su rol esencial de hacer
justicia y develar la verdad. Sólo recientemente se
ven avances que deben ser reforzados y estimulados por toda
la ciudadanía.
Porque
el Parlamento no ha sido capaz de emprender las iniciativas
legales conducentes al logro de tales objetivos. Basta recordar
que el proyecto de anulación de los efectos del Decreto
Ley de Amnistía, se encuentra archivado en los subterráneos
del parlamento.
Porque
los Partidos Políticos democráticos han sido
débiles, faltos de iniciativas, inoperantes y lejanos
con sus propias víctimas. No han estado a las alturas
de lo requerido y esperado por el pueblo chileno y nosotros,
las Agrupaciones.
V. LO
QUE LAS AGRUPACIONES SOSTENEMOS Y DEMANDAMOS
Las históricas
exigencias de verdad, justicia y memoria, permanecen inalterables
y son irrenunciables para las Agrupaciones. Para nosotros
la vida, la muerte y la desaparición de nuestros seres
queridos no tiene precio alguno y no existirá propuesta
paralela a la acción de la justicia que sea posible
de aceptar. Somos quienes más deseamos y necesitamos
cerrar el duelo de la única manera posible, recuperando
los restos de nuestros familiares, sancionando a los responsables
penalmente y reivindicando el rol de luchadores sociales de
los nuestros. La reparación la entendemos como un componente
más de la justicia y parte del derecho que nos asiste.
Demandamos:
1. Que
el Gobierno, públicamente, rechace la propuesta que
le será presentada por la UDI.
2. Que los Tribunales pongan aún mayor celo y rigor
en todas y cada una de las causas de detenidos desaparecidos
y de ejecutados políticos hasta llegar a la verdad
y la justicia. 3. Que el Parlamento, a través de sus
respectivas Comisiones de Derechos Humanos, se aboque a la
pronta Anulación de los Efectos del Decreto Ley 2.191
de Amnistía; promueva la iniciativa legal que tipifique
el delito de Desaparición Forzada de Personas; que
impulse una ley de Declaración de Ausencia Forzada,
para resolver los problemas legales que enfrentamos los familiares.
4. Que el Gobierno y el Parlamento asuman la propuesta de
modificación a la Ley 19.123 de Reparación,
que las Agrupaciones presentaremos próximamente.
5. Que la sociedad toda, repudie cualquier intento de cambiar
justicia por dinero.
Agrupaciones
de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos
de: Iquique, Pisagua, Calama, La Serena, Santiago, Paine,
Talca, Parral, Chillán, Los Angeles, Concepción,
Temuco, Valdivia, Osorno, Coyhaique.
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COMPROMISO
PUBLICO CON LA VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACION PARA LAS VICTIMAS DE LA DICTADURA
Los partidos
políticos y dirigentes sociales, abajo firmantes, hacemos
un compromiso de honor con la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos en la búsqueda de verdad,
justicia y reparación.
1. La
desaparición forzada de personas, como método
represivo implementado en dictadura, significó la desaparición
de 1197 chilenos, afectando en forma dramática a sus
familias, círculo social o político.
2. A 30
años del Golpe de Estado reiteramos la urgente necesidad
de que los Poderes del Estado asuman que este tema no ha sido
resuelto y que los familiares y la sociedad toda, tienen derecho
-en justicia- a conocer la verdad, a que los responsables
sean sancionados y reparar, en alguna medida, el daño
moral provocado.
3. Las
Fuerzas Armadas y de Orden tienen un deber ineludible con
la sociedad chilena, en términos de hacer llegar a
los Tribunales de Justicia todos los antecedentes que poseen
sobre el destino de los detenidos desaparecidos, así
como limpiar sus filas de todos quienes participaron en la
ejecución y planificación de la política
terrorista de Estado.
4. El
Parlamento tiene el deber de legislar en concordancia con
la normativa internacional, que obliga a los Estados a respetar
el principio de que "Los crímenes contra la humanidad,
son inamnistiables e imprescriptibles"
5. El
Poder Judicial tiene la obligación de profundizar en
la investigación de los procesos hasta lograr los resultados
inherentes y propios de una investigación judicial,
cuales son, el establecimiento de la verdad y la sanción
penal a quienes resulten responsables.
6. El
Poder Ejecutivo, debe asumir que las exigencias de la Agrupación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos se mantendrán
inalterables y que debe adoptar todas las medidas conducentes
al logro de nuestros objetivos históricos.
7. Finalmente,
asumimos trabajar para difundir, sensibilizar, apoyar y socializar
las demandas de los familiares de las víctimas, como
compromiso con la vida y con el legado de cada detenido desaparecido.
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