Durante
los años post-dictadura en Chile se ha tomado mayor conciencia
en cuanto a la relación entre la violencia intrafamiliar
y la violencia política. Una campaña lanzada en marzo del
2004 por Amnistía Internacional, organismo internacional
tradicionalmente dedicado a la denuncia de la violencia
política, refuerza la conciencia sobre este vínculo. AI
declara: "En el hogar y en la comunidad, en la guerra y
en tiempo de paz, a las mujeres se las golpea, se las viola,
se las mutila y se las mata impunemente". En el Reino Unido
y en Australia mujeres que son victimizadas por violencia
domestica pueden pedir el asilo político cuando sus propios
gobiernos no responden a su sufrimiento. El 8 de marzo de
2004, Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones
de mujeres, sindicales y de derechos humanos convergeron
en Santiago, culminando con la inauguración de un monumento
en homenaje a las mujeres asesinadas en dictadura militar.
Mujeres Embarazadas Detenidas y Desaparecidas
Entre las cientas de mujeres detenidas y torturadas durante
la dictadura, se sabe que las siguientes nueve mujeres estaban
embarazadas al momento de su detención:
Cecilia Miguelina Bojanic Abad fue detenida junto a su esposo
Flavio Oyarzun el 2 de octubre de 1974, cuando tenía 5 meses
de embarazo. Testigos la vieron por última vez con vida
en Cuatro Alamos.
Jaqueline Paulette Droully Jurick, 24 años, fue detenida
el 30 de octubre de 1974, con 3 meses de embarazo. Fue vista
por última vez por testigos cuando agentes de la DINA la
sacaron junto a su esposo de Cuatro Alamos a paradero desconocido.
María Cecilia Labrin Lazo, asistente social de 25 años,
fue secuestrada el 12 de agosto de 1974 y llevada a la casa
de torturas de la DINA Calle Londres 38. Un ex agente de
seguridad de la Marina declaró extra-judicialmente que María
Cecilia dió luz a una niña en marzo1975.
Gloria Lagos Nilsson, madre de tres hijos y embarazada de
3 meses, fue tomada como rehen para presionar a su compañero,
miembro del MIR que se había fugado de la DINA. Fue vista
en Cuatro Alamos en septiembre de 1974.
Nalvia Rosa Mena Alvarado, 20 años, fue secuestrada junto
con su esposo Luis Emilio Recabarren Gonzalez y su cuñado
Manuel Guillermo Recabarren Gonzalez el 29 de abril de 1976.
Tenía 3 meses de embarazao cuando testigos la vieron en
Villa Grimaldi.
Michelle Peña Herreros, militante del Partido Socialista
y estudiante de ingeniería de 27 años de edad, tenía más
de 8 meses de embarazo. Fue detenida el 20 de junio de 1975
y llevada a Villa Grimaldi, donde fue vista por última vez
con vida. Su madre se informó que fue llevada al Hospital
de la Fuerza Aerea para dar a luz.
Reinalda del Carmen Pereira Plaza, 29 años, tenía 6 meses
de embarazo al momento de su detención el 15 de diciembre
de 1976.
Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, 27 años y 6 meses
de embarazo, fue detenida el 15 de diciembre 1976.
Violencia Sexual
como Tortura
Corporación La Morada y Fundación Instituto
de la Mujer
15 de marzo de 2004
Ex mujeres presas políticas, organizaciones de mujeres y
de derechos humanos hacen un llamado a las mujeres víctimas
de violencia sexual por parte de agentes del Estado, durante
el régimen militar, a denunciar estos hechos como tortura
ante la Comisión Valech. Para que esto sea una realidad,
se tienen que generar las condiciones sociales que permitan
el reconocimiento de la violencia sexual contra las mujeres
como una violación a los derechos humanos; violación que
se agrava en los contextos de conmoción interna como los
vividos durante la dictadura, hasta el punto de constituir
un método específico de tortura en contra de las mujeres.
Por lo tanto:
Se deben crear los mecanismos necesarios y óptimos que acojan
a las mujeres que sufrieron esta experiencia, como incorporar
en las fichas que registran las denuncias, las agresiones
físicas y psicológicas constitutivas de violencia sexual.
Las autoridades tienen que hacer un reconocimiento explícito
de que la violencia sexual fue un método de tortura sistemático
y generalizado aplicado en contra de las mujeres, como una
forma de contribuir a su reparación.
A cuatro meses de su funcionamiento, esta Comisión, que
tiene por objetivo determinar y elaborar un informe detallado
sobre quiénes son las personas que sufrieron privación de
libertad y tortura por razones políticas, sólo ha recibido
14 mil denuncias; un número reducido de casos considerando
el universo que manejan los organismos de derechos humanos
que hablan de 300 mil persona víctimas de tortura.
Una investigación iniciada en mayo de 2003 por la Corporación
La Morada y la Fundación Instituto de la Mujer demuestra
que la violencia sexual en contra de las mujeres avala lo
anteriormente expresado y refuerza la necesidad de abrir
un espacio para este tipo de denuncias. Evidencia que, al
estar "naturalizada" la violencia sexual en la sociedad
chilena, a muchas de las mujeres que estuvieron detenidas
durante la dictadura les cuesta aún identificar este tipo
de agresiones como una forma de tortura.
Se hace un llamado también a la Comisión Valech a que en
su informe final incluya un capítulo específico sobre la
violencia sexual como método de tortura aplicado en contra
de las mujeres.
En el ámbito del Derecho Internacional este tipo de violencia
ya ha sido incorporado en el Estatuto de Roma que crea la
Corte Penal Internacional. También existe registro de estos
casos en el Informe del Esclarecimiento de la Verdad de
Guatemala, y en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación
de Perú.
La violencia sexual provino de funcionarios de todas las
ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones,
de conscriptos, de agentes de organismos de inteligencia,
de gendarmes y civiles que colaboran en tareas represivas.
Los lugares donde ejerció violencia sexual superan el centenar.
Estos lugares fueron los cuarteles, las comisarías, los
campos de concentración, los estadios, los centros de tortura
reconocidos como Villa Grimaldi, la Venda Sexy, Londres
38 y están también los barcos de la armada, Colonia Dignidad
y el estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Constitución.
En el período de la DINA y de la CNI se utilizaron perros
para violar y vejar a las mujeres y se utilizaron ratas
que eran introducidas por la vagina a las mujeres. Fueron
objeto de violencia sexual mujeres embarazadas cuyo destino
y el de sus hijos no se conoce, niñas de 14 años que tuvieron
al hijo de la violación y abuelas de 68 años violadas frente
a sus hijos.
En los relatos sobre tortura, muchas de las mujeres no incluyen
los actos de violencia sexual. Asocian la "verdadera" tortura
a la aplicación de corriente eléctrica, a colgamientos,
a golpes sistemáticos y permanentes en el contexto exclusiva
de la detención y del interrogatorio.
Vea http:/www.lamorada.cl
Herencia de
Dictadura para Mujeres Sobrevivientes
de Violencia Doméstica
Nia Parson, candidata al doctorado en Antropología de
la Universidad de Rutgers (New Jersey, EEUU) ofreció
a Memoria y Justicia el siguiente resumen de su investigación
de tésis.
La respuesta de la comunidad es fundamental en el proceso
de sanación de sobrevivientes de trauma. El sobreviviente
necesita que se reconozca la trauma sufrido y que se haga
alguna forma de reparación al daño causado. Es así tanto
para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica como
para sobrevivientes de la violencia estatal de parte de
la dictadura militar de Pinochet.
Mi investigación para el tésis de doctorado en antropología
centra en la relación entre violencia estatal, la ideologías
y las políticas durante la época dictatorial y la experiencia
de mujeres víctimas de violencia doméstica en el período
post-dictatorial. Analizo el impacto que tiene aún la dictadura
en mujeres sobrevivientes de violencia doméstica para buscar
reconocimiento y reparación através del sistema judicial
chileno. Además de emplear otros métodos etnográficos, entrevisté
mujeres sobrevivientes de violencia doméstica quienes acudieron
a dos centros para mujeres sobrevivientes de abuso, uno
municipal y el otro de un ONG.
El movimiento de derechos de la mujer que emergió en dictadura
bajo la consigna "Democracia en el país y en el hogra" tuvo
mayor influencia a partir de 1990 en difundir y politizar
al tema de violencia interfamiliar en Chile. Se ha promulgado
varios cambios legislativos para ayudar a las mujeres sobrevivientes
de abuso, tales como la Ley de Violencia Interfamiliar de
1994 y la inauguración de centros de asistencia a víctimas
por todo el país.
La política estatal reconoce que la violencia doméstica
no se puede delimitar al espacio sagrado y privado de la
familia, ya que tanto sus causas como sus consecuencias
tocan al ámbito público y debe ser resuelto por el Estado.
Sin embargo, en la práctica el reconocimiento oficial no
está acompañado por oportunidades reales para acceder a
servicios públicos para poder escapar de situaciones de
abuso y sanarse. En parte, esto se debe a las políticas,
ideologías y prácticas de violencia estatal que se arrastran
desde la época de la dictadura y que están arraigadas en
la institucionalidad, perpetuando desigualdad de género
y la violencia contra la mujer.
No negamos los avances logrados durante el período post-dictatorial,
pero hay que señalar el impacto vigente hasta hoy en día
del estado dictatorial y las dificultades posteriores en
promover políticas y prácticas estatales efectivas que protegen
los derechos de la mujer como ciudadanas de primera clase
y que responden al delito de violencia intrafamiliar. El
fracaso del Estado de proteger a los derechos de la mujer
como ciudadanos de primera clase es evidente en los testimonios
de las mujeres que dan cuenta de sus experiencias en el
sistema judicial chilena, una de las instituciones más importantes
a donde acuden mujeres casos de violencia doméstica.
En este trabajo de investigación analizo como tales fracasos
tienen relación a las políticas, ideologías y prácticas
de dictadura, sobretodo en relación al concepto de la "familia"
(un hombre, una mujer y sus hijos), papeles de género del
hombre y de la mujer y el autoritarismo. Ideologias relacionadas
a genero, sobre todo al papel de hombres y de la mujeres
dentro de la familia tienen su origen en la manera en que
la dictadura intensificó políticas existentes fundadas en
una estructura de famila autoritaria. La familia estaría
fundada sobre el papel del hombres como proveedores patriarcales,
un papel que se traslada al ámbito público.
En dictadura los Centros de Madres fueron el vehículo que
fomentaban el modelo de madre que niega a si misma como
persona y se limita al ámbito del hogar. Para el régimen
militar la nación chilena era una familia con Pinochet su
figura-paternal autoritario. El país encabezado por un padre
autoritario que empleaba la violencia para disciplinar a
sus integrantes se traspasó al ámbito privado como el modelo
para la familia chilena. El régimen militar respaldaba así
el uso de la violencia como beneficioso tanto para la familia
como para el país. Durante la dictadura mlitar la violencia
intrafamiliar era normalizada y naturalizada dentro de la
sociedad y lo sigue siendo hasta hoy en día. La consigna
que "El que te quiere te aporra" apunta a que la mujer desea
disciplina de parte de su pareja igual como un padre disciplina
a un niño o un dictador a un país. Este dicho también comunica
la idea que los hombres expresan el afecto y el amor a través
de la violencia y el abuso le hace bien a la mujer. Por
lo tanto, la mujer no se debe quejar y por el contrario
debe sentirse agradecida por tratarse de una necesidad inata
de disciplina. Esta necesidad es designada al ser masculino
con autoridad dictatorial en el hogar.
La Ley de Violencia Intra Familiar, promulgada en 1994 ,
sostiene los papeles tradicionles de género y conceptualización
de la familia al poner hincapie en reconciliación como solución
a casos de violencia intrafamiliar. Los procesos de reconciliación
son regulados por el tribunal sin tomar en cuenta la disparidad
de poder entre abusador y víctima. El abusador y la víctima
deben defender sus respectivas declaraciones que prestaron
inicialmente ante la policia y plantear sus respectivas
exigencias en presencia del otro en la misma sala.
Al centrarse en reconciliación, las experiencias de violencia
doméstica de la mujer son individualizadas y descontextualizadas.
Por lo tanto, se despoliticen las experiencias de violencia
como también los esfuerzos de la mujer para buscar auxilio
por medio de instituciones poderosas formadas según paradigmas
patriarcales con mentalidad dictatorial. Nos hace surgen
preguntas sobre el concepto de reconciliación: Es posible
la reconciliación en situaciones de gran desequilibro de
poder entre las partes del proceso? Es posible lograr la
reconciliacion cuando el una parte al proceso porque el
tribunal le obliga?
La mayoría de las mujeres entrevistadas señalan que se sintieron
discriminadas al pedir protección de la Carabineros y al
presentar querellas en contra de sus compañeros abusivos.
Mujeres señalan que el sistema judicial carence no es sensible
al tema ni están los funcionarios adecuadamente formados
para tratar casos de este índole. Los tribunales tardan
mucho en fallar y a gran medida el proceso depende en el
juez que le toca y en los funcionarios. Según las mujeres,
algunos jueces son muy machista y favorecen al abusador
masculino. En muchos casos, la falta de asesoría jurídica
o de apoyo institucional se traduce en la imposibilidad
de acceder a kind of attention to their cases.
Las mujeres de Chile siguen sufriendo violencia a nivel
estatal debido a la negligencia de las instituciones estatales
de asegurar derechos de ciudadanos de primera clase a la
mujer. Esta situación mantiene la desigualdad que predomina
en las relaciones íntimas e institucionales. Las desigualdades
de género y la herencias de violencia estatal y familiar
se sigue reproduciendose como base para estas instituciones.
No significa que el Estado sea el único responsible de desigualdad
de género ni de sus causas y consecuencias. Sin embargo,
la falta de un sistema judicial plenamente democrático se
enmarca con los casos de violaciones de los derechos humanos
cometidas por la dictadura, conformandose como influencia
negativa para las experiencias de las mujeres víctimas de
violencia doméstica. A la vez, tiene como consecuencia el
mantenimiento de estructuras patriarcales de poder y la
reproducción del statu quo.