A casi tres años desde su presentación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la querella criminal (rol N¡ 2182-98) por el secuestro, homicidio calificado, torturas, exhumación ilegal y otros delitos contra Charles Horman alcanzó una etapa crucial. El 10 de diciembre de 2003 el Ministro Jorge Zepeda ordenó el primer procesamiento en el caso relacionado al asesinato del periodista norteamericano, hecho ocurrido hace 30 años en las semanas después del golpe militar.

Fueron siete los querellados nombrados inicialmente por la acción judicial penal interpuesta de parte de Joyce Horman el 2 de diciembre del 2000 por los abogados Fabiola Letelier y Sergio Corvalán:

General Augusto Pinochet, ex Comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta Militar
Coronel Victor Barría Barría, ex Subjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército
General Hermann Brady Roche, ex Comandante de la II División de Ejército y Jefe de la Zona en Estado de Sitio correspondiente a Santiago
Coronel Jaime Espinoza Ulloa, ex Comandante del Campo de Prisioneros del Estadio Nacional (fallecido en 2003)
Pedro Espinoza Bravo, entonces Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército
Ariel Gonzalez Cornejo, Coronel del Ejercito en retiro integrante del Estado Mayor de la Defensa Nacional
Luis Contreras Prieto, Mayor en retiro del Ejército

La querella se dirige además a todos quienes la investigación determine que tengan responsabilidad en los hechos criminales. La investigación también buscar aclarar los hechos relacionados a la ejecución de otro norteamericano, Frank Teruggi.

El sujeto procesado por el Ministro Zepeda como cómplice del homicidio de Charles Horman no es un de los querellados originales, sino una persona presentada por la parte querellante como testigo. El juez determinó que tenía pruebas de la participación de Rafael González, quien pasó de testigo a ser querellado.

Más de 16.000 documentos de la CIA, del Pentágono, del F.B.I. y de otras agencias norteamericanas fueron desclasificados entre 1999 y el año 2000 bajo la Ley de Libertad de Información. Varios documentos relevantes al caso Horman se refieren al agente encubierto Rafael González quien estuvo en el Consulado de Chile en Nueva York entre 1969 y 1972. Entre ellos está la transcripción de una entrevista que realizaron dos periodistas norteamericanos, Frank Manitzas de CBS y Joann Omang del Washington Post, los días 7 y 8 de junio de 1976.

La entrevista transcurrió en la embajada de Italia en Santiago donde, junto a su esposa e hijo, González se había refugiado buscando el asilo político para supuestamente abandonar sus funciones de inteligencia. González reveló a los periodistas que estuvo presente en el noveno piso del Ministerio de Defensa, oficina del General Augusto Lutz cuando el director de Inteligencia del Ejército dio el orden de matar al periodista Charles Horman. También reconoció haber jugado un papel clave en ubicar los restos de Charles Horman en el Cementerio General.

Sin embargo, como buen agente de inteligencia, hoy, ante el Ministro Zepeda, niega todo lo que dijo años atrás. A pesar de sus negaciones, la investigación judicial ha logrado establecer que González fue una figura clave en los delitos relacionados a la muerte de Charles Horman. Su vinculación al caso Teruggi también parece probable y la investigación determinará si tiene participación en otros crímenes tanto en Chile como más allá de las fronteras.

La investigación ha comprobado la participación de González en la planificación del secuestro, la ejecución del secuestro, la interrogación bajo tormenta, la inhumación ilegal y la exhumación ilegal de Charles Horman. El juez llegó al convencimiento de que González participó por lo menos como cómplice en todas estas actividades que contribuyeron al homicidio de Horman y posterior ocultamiento.

En octubre de 1973 la familia Horman repetidamente intentó retirar el cuerpo de la morgue y repetidamente se le fue negado por motivos técnicos. Los restos de Horman fueron enterrados y exhumados tres veces. Antes de su primer entierro, el cuerpo sin vida de Charles Horman estuvo por lo menos dos semanas sin refrigeración con lo cual no era posible una identificación eficaz por medio de huellas dactilares. Miembros del Senado norteamericano presionaron a su gobierno, amenazando con no dar la autorización para el suministro de armamento solicitado por la Junta Militar chilena. En marzo de 1974, siete meses después de los hechos antes relatados, la familia recibió un telegrama del Secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, el cual comunicó que el gobierno de Chile decidió aprobar su solicitud para enviarles los restos de Charles Horman. Además, el telegrama les informó que la Embajada EEUU en Santiago requería el pago de US$900 para cubrir los costos del transporte a Nueva York de su ser querido asesinado en Chile.

Fue Rafael González quien condujo a las autoridades norteamericanas a la tumba sin nombre donde descansaban los restos del periodista. ¿Por qué está enterrado como NN si se conoce la identidad? ¿Y cómo supo González cual tumba NN correspondía a la de Charles Horman? La viuda de Charles y los abogados querellantes esperan que el Ministro Zepeda encuentre las respuestas a estas y otras preguntas.

En enero de 1974, tres meses antes del envío de los restos a Nueva York, la Junta de Gobierno hizo un decreto especial para reconocerle su calidad de coronel jubilado de la Fuerza Aerea. Cuando por fin se fueron los restos el 29 de marzo de 1974, a los 10 días la FACH lo vuelva a contratar y mejora su situación, como en pago de haber solucionado un problema.

Una vez ocurrido el golpe militar, González aparece, siempre discretamente, en varios escenarios cruciales. Está en La Moneda el 11 de septiembre entre las tropas que tomaron el Palacio de Gobierno y ve al Presidente Allende muerto en su oficina. Años más tarde explica al periodista su presencia entre las llamas de La Moneda bombardeada: "Mi único objetivo fue tomar los papeles y llevarlos al Ministerio de Defensa. No maté a nadie". Cuando el periodista insiste que trate de recordar la fecha que presenció la reunión donde Augusto Lutz ordena matar a Horman, González contestó: "No me acuerdo porque pasaron tantas cosas en esos días. Trabajaba día y noche. No dormí nada en toda la semana".

El trabajo que le quitaba el sueño a González después del golpe estaría relacionado a su calidad de agente secreto del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Realizó funciones de inteligencia por muchos años y fue especialmente activo entre 1973-1975. No sólo busca información como una especie de secretaria, como lo ha declarado al juez, sino que se desempeña como jefe operativo a cargo de varias unidades de inteligencia. Patricio Carvajal, director del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dice que necesita un agente de la experiencia de González. Esto quiere decir que es un hombre de experiencia, con reconocimiento de su mando de las cuatro ramas de la Fuerza Armada y parecía muy adecuado para ejecutar una solución al caso Horman, que partía con la removición de los restos.

Señala el abogado Sergio Corvalán, "No es un civil cualquiera. Hay presunción y pruebas independiente de lo que él diga o no diga". Existen pruebas de que no era mero testigo "sino hechor y debe ser tratado como tal."

A pesar de la enorme cantidad de documentación que existe y de las personas que se interesan en determinar lo que sucedió, tanto en Chile como en Estados Unidos, no hay claridad en cuanto a todos quienes participaron en el crímen. Los querellantes piensan que además de González participaron entre 20 - 30 personas en un complot que llevó a cabo el delito y lo siguió - y lo siguen - ocultando. Los querellantes creen que la línea de mando en el caso llegue hasta el Comandante en Jefe del Ejército de la época, Augusto Pinochet y no descartan solicitar su desafuero.

El procesamiento de Rafael Gonzalez es el cúlmino de una intensa y meticulosa labor investigativa iniciada por el Ministo de Fuero Juan Guzmán Tapia y continuado, a partir de octubre 2002, por el Ministro Jorge Zepeda, con apoyo fundamental de los detectives del Departamento Quinto de Investigaciones. Aproximadamente 20 personas, entre ex detenidos del Estado Nacional y ciudadanos norteamericanos, han prestado declaraciones judiciales en el caso.

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