CORTE SUPREMA RECHAZA DESAFUERO DE PINOCHET EN CASO PRATS

 

   

El Abogado Hernán Quezada detalla los argumentos que presentaron en el alegato ante el máximo tribunal.

Por Cristina Silva (para Memoria y Justicia)

Abril de 2005

Han pasado poco más de 30 años desde que el General Carlos Prats fue asesinado junto a su esposa en el barrio Palermo de Buenos Aires, Argentina. El 30 de septiembre de 1974, una bomba instalada por el ex colaborador de la DINA, Michael Townley, bajo el automóvil del matrimonio, terminó con la vida del General que provocaba más preocupación y amenaza para la estabilidad de la dictadura de Augusto Pinochet.

El mismo día de ocurrido el horrendo crimen, se abrió una investigación judicial en Argentina que hasta el día de hoy es investigado por la jueza María Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal N 1. La magistrado ha podido comprobar la participación de varios agentes de la disuelta DINA y junto a ellos, Augusto Pinochet Ugarte, quien fue acusado de homicidio calificado y sindicado como autor intelectual de la asociación ilícita constituida para este fin.

En diciembre de 2001, la jueza María Servini solicitó a la justicia chilena el desafuero de Pinochet con el fin de tomarle declaración indagatoria en el país trasandino, pero en octubre de 2002, los tribunales chilenos rechazaron la petición. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2002 y después de 22 años de ocurrido el asesinato del matrimonio Prats - Cutberth, la misma Corte ordenó abrir proceso en Chile contra los inculpados que conformaban la cúpula de la DINA.

El 8 de octubre de 2004, el juez Alejandro Solís acogió la solicitud de las hijas de la malograda pareja para desaforar al ex dictador por las fundadas sospechas sobre su participación en calidad de autor intelectual en el asesinato de sus padres.

El 5 de enero de 2005, el tribunal de alzada aprobó el desafuero de Pinochet - por 14 votos contra 9 - al estimar que existían fundadas sospechas de su participación en el asesinato. Con este fallo en primera instancia, sólo faltaba la confirmación por parte de la máxima instancia judicial, para que el Juez Solís pudiera investigar la participación de Pinochet en el caso Prats.

El 16 de marzo de 2005, se presentaron los alegatos ante la Corte Suprema. En la audiencia intervinieron a favor del desafuero del ex militar, el abogado Hernán Quezada, representante de la familia Prats, y la profesional Irma Soto, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En tanto, Pinochet fue defendido por Pablo Rodríguez Grez.

El martes 22 de marzo, en el Palacio de Tribunales, la Rama Chilena de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), en conjunto con los abogados de Derechos Humanos, realizaron una conferencia de prensa, para divulgar y recordar a los magistrados el reconocimiento que hizo el CDE, de "la plena salud mental que posee Augusto Pinochet" para enfrentar a la justicia por su responsabilidad en el doble homicidio de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.

El comunicado, que fue leído en la escalera principal de los Tribunales por los abogados Fabiola Letelier, Julia Urquieta y Juan Subercaseaux, señala que el CDE, representado por la abogada Soto, pidió el 16 de marzo pasado al Pleno de la Corte Suprema, el desafuero de Pinochet y que, de la misma forma, tuviera presente los testimonios y declaraciones que se detallan en el cuaderno reservado N2 del Juez Sergio Muñoz, que lleva el Caso Riggs en donde se entregan una serie de aspectos de la vida cotidiana de Pinochet que demostrarían la normalidad de su salud mental.

En estos testimonios, correspondientes a más de 60 personas relacionadas con Pinochet y entregados al Ministro Muñoz, se relata la rutina de diaria de Pinochet, indicando que realiza diversas actividades de tipo físico e intelectual tales como: hacer ejercicios; leer cuatro diarios: El Mercurio, La Tercera, Las últimas Noticias y La Cuarta, e incluso revisar en la tarde La Segunda; recibir visitas; coordinar a sus abogados; manejar sus dineros y decidir complejas inversiones. Para los abogados de Derechos Humanos "estas revelaciones desechan los reiterados intentos de la defensa de Pinochet por obtener su impunidad absoluta en todos los innumerables procesos criminales que hoy afronta defendiéndose con el alegato de una pretendida demencia".

LOS ARGUMENTOS DE LOS QUERELLANTES

El planteamiento que expuso uno de los querellantes que representa a la familia Prats-Cuthbert, el abogado Hernán Quezada, consistía en demostrar la participación de Pinochet. El jurista explica que "ese es el objeto del juicio de desafuero: establecer si hay o no fundadas sospechas de participación del inculpado como para abrir causa e iniciar el proceso en su contra. Si Pinochet es liberado de su fuero constitucional, puede ser investigado y de esta investigación el juez respectivo determina si hay mérito para procesarlo, para acusarlo y condenarlo".

El abogado querellante, Hernán Quezada detalló los argumentos que presentó ante la Corte Suprema para solicitar el desafuero de Pinochet:
"Fueron cuatro los grupos de sospechas y fueron las mismas que se establecieron ante la Corte de Apelaciones. La primera de ellas es la dependencia directa de la DINA y del Director de la DINA (Manuel Contreras) respecto de Pinochet y al mismo tiempo, está establecido que fueron miembros de la DINA los que llevaron a cabo el crimen.

La segunda es la situación que se generó cuando el General Prats solicitó pasaporte para viajar de Argentina a otro país y que se lo rechazaron. Este pasaporte fue solicitado por lo menos cuatro meses antes el que fue tramitado y jamás le fue otorgado. Esa era una situación que no es casual. Hay que pensar que, la Cancillería era un aparato del Estado que tenía una dependencia muy directa con Augusto Pinochet. La Cancillería no podía entregar un pasaporte al General Prats si no era a través de una orden superior que venía de Pinochet. él ordenó que se le negara la entrega de pasaporte para retener en Argentina al General Prats y así quedar a disposición de los victimarios.

La tercera es la verticalidad del mando ya que tanto Manuel Contreras y los otros oficiales de la DINA que participaron, en su calidad de miembros del ejército, dependían directamente de su Comandante en Jefe, que era Pinochet. Ningún oficial subordinado a él iba a realizar una operación de este tipo sin, por lo menos, el conocimiento de su superior jerárquico.

La cuarta sospecha tiene que ver con varias imputaciones que surgen de la investigación al propio Townley, en una declaración que prestó el año 1992, en USA y otra declaración que prestó ante la Jueza Servini el año 1999 y que en este momento están en calidad de secretas. Hay imputaciones en contra de Augusto Pinochet por parte del ex fiscal norteamericano del caso Letelier, hay imputaciones de un italiano que tuvo vínculos con la DINA. Hay invocaciones concretas de varias personas que concluyen que Pinochet dio la orden de liquidar al General Prats."

El 24 de marzo de 2005, el pleno la Corte Suprema de Chile, rechazó, por 15 votos contra 4, el desafuero de Augusto Pinochet Ugarte en este caso. Con esta resolución, el ex dictador queda inmune penalmente y sobreseído definitivamente del homicidio del General Prats y su esposa, Sofía Cuthbert.

El argumento que esgrimió el máximo tribunal fue bajo un prisma técnico, es decir, desde un punto de vista de forma y no de fondo, y en este caso se consideró la figura de "la cosa juzgada". El abogado Quezada explica que "Todo el grupo de sospechas que se presentó en el alegato conducía, necesariamente, a que se acogiera el desafuero, tal como lo hizo la Corte de Apelaciones de Santiago y era lo que tendría que haber hecho la Corte Suprema, pero (la Corte) declinó a pronunciarse sobre este aspecto de fondo y decidió que no podía acoger el desafuero por que según la mayoría de los ministros de la Corte se habría producido cosa juzgada. Y esto significa que algo que ya se ha resuelto definitivamente por un tribunal, no se puede volver a discutir."

Para los ministros, la "cosa juzgada" se habría establecido pues la Corte de Apelaciones de Santiago ya había hecho un pronunciamiento ante la solicitud de desafuero que presentó la Jueza Servini de Cubría para que Pinochet declarase en Argentina en octubre de 2002, petición que en esa oportunidad fue rechazada por el tribunal, aduciendo la incapacidad mental que tenía el ex dictador para enfrentar un juicio. El abogado querellante recuerda que en esa oportunidad, cuando se rechazó el desafuero que pedía la Jueza argentina, la Corte chilena señaló que a cambio de eso se abriría proceso en Chile y se asignó al ministro Solís para investigar el asesinato del General Prats. "Sin embargo, hoy día se le impide investigar a uno de los principales responsables."

En tanto, el abogado Quezada insiste que incluso "el pronunciamiento de fondo es altamente discutible por que la resolución de la Corte de Apelaciones del 2002, fue dictado por una solicitud de un tribunal extranjero que pretendía la extradición de Pinochet para investigar el caso Prats en Argentina. Tenía un origen distinto al que estableció el Juez Solís".

EL VOTO DE MINORíA

De los cuatro votos de minoría, los ministros Libedinsky y Juica coinciden con la opinión de Quezada y votaron por aprobar el desafuero por creer que la jueza Servini de Cubría pedía el desafuero de Pinochet para fines de extradición y, por lo tanto, la decisión tomada en el año 2002 no puede extenderse al fallo que debían adoptar ahora, pues en estos momentos hay un tribunal chileno que investiga los hechos.

El ministro Benquis argumentó que las decisiones adoptadas por los tribunales chilenos, en base a una solicitud de la justicia argentina, no pueden ahora interferir el ejercicio legítimo de la jurisdicción del tribunal chileno competente, es decir, la indagación a cargo del juez Solís.

El ministro Medina por su parte, fundamentó que no se ha resuelto con anterioridad, petición de desafuero válidamente formulada por el juez Solís, y por ello resulta pertinente acoger la petición de los querellantes sin que se vulneren los efectos de "la cosa juzgada."

LAS DECLARACIONES DE TOWNLEY

Entre los principales responsables del atentado se identificó a Michael Townley, un estadounidense experto en electrónica y colaborador de la DINA. El propio Townley ha declarado ante la jueza trasandina que fue el autor material del doble homicidio: "Yo llevé a cabo la operación a instancias del coronel Espinoza…". "La planificación y realización fueron exclusivamente mi obra".

A principios de febrero de 2005, el juez Solís participó en el interrogatorio que se le hizo a Michael Townley en Washington, Estados Unidos. En ese interrogatorio se le hicieron cerca de 100 preguntas que había elaborado meses antes el mismo ministro Solís y que fueron remitidas por exhorto. La jueza Servini tiene las declaraciones de Townley desde 1999 pero esas declaraciones son secretas, es decir, se hacen uso de ellas reservadamente pues el inculpado está acogido al programa de protección a testigos de la justicia estadounidense y es por esta razón, que el ministro Solís envió su propio exhorto y pidió autorización para estar presente en el interrogatorio y así contar con estas declaraciones en el proceso que se lleva en Chile.

El abogado Hernán Quezada ha declarado que este interrogatorio podría tener como consecuencia nuevas pesquisas y dictación de autos de reos contra Juan Morales Salgado y Ricardo Lauwreance Mires, cuyas fotografías fueron mostradas a Townley.

POSIBLE CIERRE DEL CASO

Con respecto a la idea de cerrar los sumarios dentro de un plazo de 6 meses, es decir, hasta julio de 2005, Quezada no está preocupado pues espera que "el ministro Solís realice la investigación dentro de ese plazo y si no alcanza a realizarla nosotros tendremos que pedir que se amplíe pues hay diligencias pendientes todavía".

Con las declaraciones de Townley a la jueza Servini de Cubría, y que ahora se incorporan oficialmente al proceso que lleva el juez Solís, posiblemente surgirán nuevos antecedentes que el ministro tendrá que investigar.

"Sabemos que hay dos nuevos nombres que reveló Townley, que no estaban considerados, es decir, dos personas que podrían ser procesadas además de las otras seis" expresó el abogado.

Es evidente la incoherencia de veredicto entre la Corte de Apelaciones y el máximo tribunal, y cabría preguntarse si en esta oportunidad sólo se consideraron fundamentos jurídico-técnicos para rechazar el desafuero del inculpado número uno del asesinato del ex general en jefe del Ejército y su esposa.

Después de la lamentable decisión tomada por la última y definitiva instancia judicial, el juicio seguirá para los ex miembros de la DINA que se encuentran procesados, y para Pinochet, tendremos que esperar a que prosperen las otras causas en que está involucrado.

ANEXO Quiénes son los imputados

Enrique Arancibia Clavel: Es el único ex agente de la DINA que cumple condena por el doble crimen. Fue detenido en Argentina el 18 de enero de 1996. La magistrada María Servini ordenó su prisión preventiva bajo los cargos de asociación ilícita y presunta complicidad respecto del asesinato de Prats y Cuthbert. En noviembre de 2000 el Tribunal Oral Federal número 6 de Argentina lo responsabilizó del atentado y asociación ilícita. Fue condenado a cadena perpetua, sentencia que cumple en la actualidad en la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Buenos Aires. Posteriormente, la Cámara de Casación Penal entendió que el delito por asociación ilícita había prescrito; no obstante, se mantuvo la condena por el doble homicidio.

Manuel Contreras: ex jefe de la DINA. Según la declaración de Townley, Pinochet les encargó a él y al brigadier Pedro Espinoza que se preocuparan de Prats. Posteriormente, Contreras ordenó a Espinoza que encargara la misión a Townley. A finales de junio de 2001, la jueza Servini lo encausó por su responsabilidad en el doble crimen. El 8 de octubre de 2001, el ministro Jorge Rodríguez Ariztía decretó el arresto preventivo de Contreras y de los demás procesados por el caso Prats-Cuthbert. En febrero de 2002 se le concedió la libertad provisional, pero continuó detenido en su hogar por otros casos. El 2 de diciembre de 2002, el proceso pasó a Chile, por lo que quedó en manos del ministro Alejandro Solís. El 25 de febrero de 2003 Contreras fue procesado como autor de homicidio calificado y como jefe de una asociación ilícita. El 4 de mayo de ese mismo año consiguió la libertad bajo fianza tras tres años de arresto domiciliario.

Pedro Espinoza: Ocupó una de las jefaturas de la DINA en los comienzos del régimen militar. Townley declaró ante la justicia argentina que Contreras entregó a Espinoza la misión de acabar con Prats, junto con varios miles de dólares. Además, Townley sostuvo que fue Espinoza quien le entregó los materiales para construir la bomba que acabó con la vida del general chileno y su esposa. Por todo ello, fue procesado en Argentina. Mientras, en Chile, el ministro Solís lo encausó como autor de homicidio calificado y jefe de asociación ilícita.

José Zara Holger: ex miembro de la DINA. El 25 de febrero de 2003 fue sometido a proceso como miembro de la asociación ilícita que participó en el doble homicidio del general Prats y su esposa. Zara quedó en prisión preventiva, aunque tres semanas después recuperó su libertad previo pago de una fianza de millón y medio de pesos.

Raúl Iturriaga: general del Ejército retirado, fue sometido a proceso en Argentina el 27 de junio de 2001 por los delitos de asociación ilícita y homicidio agravado. El 20 de febrero de 2003, el ministro Solís lo citó a declarar. Cinco días más tarde se le notificó su encausamiento como miembro de la asociación ilícita que participó en el doble crimen. Casi tres meses después obtuvo su libertad bajo fianza.

Mariana Callejas: escritora que formó parte del Departamento Exterior de la DINA, en el que participó activa y directamente junto a su ex marido,

Michael Townley: Fue procesada en Argentina por la jueza María Servini como autora de asociación ilícita y del doble homicidio agravado por explosivos. Mientras duró el proceso en el que se decidió sobre su posible extradición a Chile, permaneció detenida cinco días en su domicilio de Peñalolén. Fue puesta en libertad el 23 de julio de 2003 y poco más de un mes después fue encargada reo como autora del doble homicidio calificado. Actualmente está en libertad. Michael Townley: estadounidense colaborador de la DINA, actualmente reside en Estados Unidos con otra identidad, ya que es testigo protegido en el caso Letelier. Admitió y detalló el doble homicidio ante la jueza Servini.

Fuente: Starmedia

Para informarse más sobre este caso, vea Enfoque:Caso Carlos Prats en Memoria y Justicia.


 

 

 

 

 


 

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