El Turno de los Civiles


 

 

   

Por Francisco Marín
(Esta nota la publicamos con autorización del autor, corresponsal
para el diario mexicano Proceso.)

30 marzo de 2005

SANTIAGO DE CHILE.- Los tribunales chilenos parecen decididos a esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, pues en los últimos días tocaron inclusive a un grupo que se había librado de responder por los asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales y torturas registradas en aquel período: los ministros de Estado.

El 18 de febrero pasado, el juez Juan Guzmán decidió someter a proceso a los exgenerales Enrique Montero Marx (Fuerza Aérea de Chile) y Sergio Benavides (ejército), por su presunta complicidad en 20 secuestros calificados en el contexto de la Operación Colombo, maniobra comunicacional con la que la dictadura chilena pretendió ocultar el papel que tuvo en la desaparición de 119 personas.

Pero el gobierno chileno, en vez de reconocer los secuestros y asesinatos, optó por enmascararlos, inventando que dichas personas habían sido víctimas de sus propios compañeros de izquierda que les habrían dado muerte por conflictos internos. Esta versión apareció en la revista Lea, que fue editada por el líder de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), José López Rega, y de la que sólo saldría un número, aparecido el 15 de julio de 1975, que contiene el reportaje "La vendetta de la izquierda chilena".
Allí se habla de asesinatos de 60 militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), atribuidos a disputas internas que sus propios compañeros libraban en diversos lugares de América Latina y Europa.

Días más tarde, el diario O Dia de Río de Janeiro -haciéndose eco de la información que le proporcionó el cónsul chileno en dicha ciudad, Gerardo Roa- publicó una lista de otras 59 personas que habrían perecido en circunstancias similares. Estas informaciones fueron profusamente reproducidas por diarios chilenos.

Por cada una de estos 119 desaparecidos, sus familiares presentaron recursos de amparo. Pero al ser consultados por su paradero, tanto Montero como Benavides, a la sazón subsecretario y ministro del Interior, respectivamente, respondieron que no habían sabido nada sobre tales aprehensiones.

El fallo que somete a proceso y ordena detener a estos dos exfuncionarios de la dictadura de Pinochet sostiene que, "atendidas las funciones que realizaban, era imposible que desconocieran el régimen de privaciones de libertad ilegales que sistemáticamente se estaban perpetrando, y no obstante ello, informaran que no se tenían antecedentes sobre las denominadas detenciones de las víctimas, cooperando a la ejecución de aquellos secuestros calificados".

La trascendencia de esta resolución estriba en que contiene una interpretación jurídica que abre el camino para enjuiciar a otros responsables políticos de las violaciones a los derechos humanos. Además, implica un duro golpe a uno de los hombres más cercanos a Pinochet, como lo fue Montero Marx, cuyas altas responsabilidades empezaron el mismo "11", día en que tomó juramento a la Junta Militar que, a partir de entonces, se hizo cargo del destino del país.

Una vez conocido el fallo del juez Juan Guzmán, el pánico estremeció a los partidos políticos de derecha, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente (UDI), a donde han ido a parar buena parte de los excolaboradores de la dictadura.
Este miedo se tradujo en presiones al gobierno del presidente Ricardo Lagos, quien, a poco de conocerse el dictamen judicial, puso en duda la versión de inocencia de los acusados. Inclusive, personeros de derecha, con el apoyo del diario El Mercurio, amenazaron a Lagos con reflotar un viejo caso de sobresueldos y financiamiento ilegal de campañas electorales, conocido como "MOP-Gate". Y, en cierta medida, consiguieron ablandarlo, puesto que el vocero de gobierno, Francisco Vidal, dando un giro a la reacción inicial del presidente, expresó la preocupación gubernamental por los exfuncionarios procesados, manifestando "que las responsabilidades penales son distintas a las responsabilidades políticas".

Pero una nueva resolución de Guzmán, adoptada el miércoles 16 de marzo, ahondó el drama de la derecha. Y es que, acogiendo la solicitud de los abogados querellantes en el caso Operación Cóndor, el magistrado elevó al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago la solicitud de desafuero contra el senador de la República y exministro del Interior Sergio Fernández, por considerar que en la investigación que realiza existen antecedentes suficientes "que podrían bastar para la detención del inculpado". Esta solicitud había sido formalizada el mismo día por el abogado Eduardo Contreras, quien en su recurso adjuntó copias de órdenes de detención firmadas por Fernández contra personas que más tarde fueron apresadas y desaparecidas.

Este periodista tuvo acceso a documentos que dan cuenta de aquel modus operandi. Un caso involucra a Sergio Fernández en la desaparición de Lisandro Sandoval Torres, quien fue detenido junto con su cónyuge el primero de mayo de 1980 a la salida de un acto ecuménico en la catedral de Concepción. Agentes de seguridad lo bajaron de un autobús y lo llevaron a la Primera Comisaría de Carabineros. Más tarde, lo subieron a un taxi, lo vendaron y lo condujeron al subterráneo de una casa. Allí lo separaron de su esposa -a quien terminarían liberando- y lo interrogaron mientras le aplicaban descargas eléctricas en los pies y en los testículos.

En el telegrama 159 de 2.6.81, la Corte de Apelaciones de Concepción le pidió al Ministerio del Interior fundamentar la detención de Lisandro Sandoval. Sergio Fernández respondió que se funda en el Decreto Ley 81 de 1973, "que en su artículo 1 establece tal facultad por razones de seguridad del Estado". Un nuevo telegrama de la Corte de Concepción, el 363, fue respondido por Sergio Fernández arrogándose atribuciones propias del Poder Judicial: "Este recurso de amparo es improcedente, ya que por Decreto Exento 3055 se dispuso la medida que afecta al amparado". La Corte de Apelaciones de Concepción solicitó copia de ese Decreto 3055, pero la petición fue denegada por el ministro Fernández mediante el oficio reservado 1560 del 12.03.81, firmado por él.
En este caso, el ministro Alejandro Solís ya dictó una sentencia que sólo afecta al exagente de la DINA álvaro Corvalán Castilla, a quien se condenó a 15 años de prisión por homicidio calificado, cometido mediante un disparo por la espalda. En vista de los antecedentes recientemente obtenidos, los abogados querellantes, encabezados por Hugo Gutiérrez, expresaron que evalúan pedir la reapertura de la causa.

Apenas conocida la solicitud de desafuero de Fernández, el abogado Eduardo Contreras señaló "que era imposible que, quien después de Pinochet era la autoridad política más importante del país desconociera el paradero de tantas personas desaparecidas durante el tiempo que fue jefe de gabinete, que es cuando más secuestros hubo". Y agregó: "Es probable que hubiera desconocido la desaparición de una persona, pero cuando los casos son más de mil, esto resulta increíble."

Sergio Fernández fue ministro del Interior durante dos períodos, el primero entre 1978 y 1982, y el segundo de 1987 a 1988. Se convirtió en el primer civil que asumió dicha responsabilidad en el gobierno de Pinochet. Su primera misión en el cargo fue firmar la Ley de Amnistía autoimpuesta por la dictadura y que buscaba eximir de responsabilidades a los autores de crímenes perpetrados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

El 28 de mayo de 1978, ante las airadas protestas de familiares de desaparecidos, Fernández declaró que "en una guerra siempre hay desaparecidos y nadie pide explicaciones". Asiduo visitante de los centros de tortura, donde era conocido como el Jote (ave de carroña), Fernández inclusive aseguró, poco después de asumir su puesto, que el británico Guillermo Roberto Beausire, víctima de la Operación Cóndor, no se encontraba detenido y que el inmueble citado como probable lugar de reclusión, Villa Grimaldi, no era un centro de detención. Esto inclusive constituía una burla para los familiares de Guillermo, puesto que esa prisión era bastamente conocida en Chile y la prensa extranjera había publicado numerosos reportajes sobre los horrores del lugar, donde miles de personas fueron torturadas y muchas otras fueron vistas por última vez.

 

 

 

 

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